El PSOE acusa al equipo de Gobierno municipal de vulnera la ley por mantener en la gerencia de urbanismo a una funcionaria imputada en el caso Guateque

que evidencia la facilidad con la que Carmen Bayod y su Equipo de Gobierno vulneran y retuercen la Ley en virtud de sus intereses o los de su Partido.

En esta ocasión, tal y como detalló el edil socialista, la alcaldesa y sus concejales de Personal, José Luis Serrallé, y Urbanismo, Francisco Javier Díaz de Prado, se han empeñado en mantener al frente de la Gerencia de Urbanismo a una funcionaria del Ayuntamiento de Albacete aún cuando ha transcurrido el tiempo máximo que contempla la Ley para la duración de una comisión de Servicio, seis meses, dado que ésta fue la fórmula escogida por el Equipo de Gobierno ‘popular’ para designar a esta persona en cuestión como jefa de servicio de la Gerencia de Urbanismo.

“Tal y como establece la Ley, estos nombramientos no pueden exceder los seis meses y son improrrogables, por lo que, puesto que esta funcionaria tomó posesión el pasado 1 de marzo, desde el 1 de septiembre está en situación ilegal como jefa de servicio de Urbanismo, responsabilidad en la que sigue con el beneplácito de Carmen Bayod y el PP”, expuso Antonio Martínez.

El concejal del PSOE también recordó como en el Pleno del pasado mes de mayo tuvieron que comparecer los mismo concejales, los de Personal y Urbanismo, “para dar explicaciones, precisamente, de los motivos que les habían llevado a poner a esta trabajadora municipal al frente de la Gerencia municipal de Urbanismo, toda vez que esta funcionaria permanecía como imputada en el caso ‘Guateque’, por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental, durante su paso por el Ayuntamiento de Madrid, en calidad de asesora del entonces alcalde, Alberto Ruiz Gallardón”.

En aquella comparecencia, relató el portavoz socialista, ambos concejales, a la pregunta de si tenían intención de convocar el correspondiente concurso de provisión de puestos antes de que concluyera el plazo de la comisión de servicio, afirmaron que su única intención era cumplir la Ley.

“Pero la triste realidad es que ha pasado el tiempo y el Equipo de Gobierno de Bayod no ha convocado la Mesa General de Negociación de la Gerencia de Urbanismo, que es el órgano al que le compete negociar las bases que deberían regir este proceso y que, posteriormente, deberían aprobarse en el Consejo de Gerencia, por lo que, en consecuencia, ambos concejales, con la aquiescencia de la alcaldesa, se están saltando la normativa a la torera”, aseveró Antonio Martínez.

Serrallé, un concejal deslegitimado para exigir a otros que cumplan las leyes que el mismo no respeta

Una situación, añadió Martínez que, “en el caso del concejal de Personal, lamentablemente, no nos extraña lo más mínimo, porque ni el mismo es capaz de cumplir con la normativa municipal y continúa negándose a solicitar la compatibilidad para el ejercicio privado de su actividad como abogado”. Una situación, precisó, tan irregular como común en el Equipo de Gobierno de Carmen Bayod, puesto que no es el único que ha decidido no cumplir con su obligación para poder compatibilizar sus retribuciones como concejal con las que percibe del ejercicio privado de su profesión.

Dado que la funcionaria que el PP puso al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde el pasado 1 de septiembre, está en situación irregular e ilegal, “vamos a presentar un escrito instando a la alcaldesa a que cumpla con su obligación, cesar de forma inmediata a esta funcionaria como jefa de servicio de la Gerencia de Urbanismo, y no por su imputación en el caso ‘Guateque’, que ya es motivo más que suficiente para que no la hubiera nombrado la alcaldesa en su momento, como ya hemos denunciado, sino sencilla y llanamente, porque ha expirado el plazo máximo e improrrogable que podía estar en este puesto de trabajo”, informó Antonio Martínez.

A juicio del edil socialista, esta situación constituye un nuevo ejemplo de cómo “en este Ayuntamiento se trata de diferente forma a los funcionarios, a la inmensa mayoría de ellos se les aplica la Ley a rajatabla, basta recordar los cerca de 200 despidos que llevaron a cabo porque tenían que cumplir taxativamente con el Plan de Ajuste que Carmen Bayod y sus concejales aprobaron en solitario, mientras que hay un reducidísimo grupo de funcionarios, entre los que figura esta funcionaria en cuestión, que tienen bula total”.

Por ello, Antonio Martínez concluyó advirtiendo a Carmen Bayod que “no le queda más remedio, si quiere cumplir la Ley, que reconocer que se ha equivocado y proceder al cese inmediato de esta funcionaria. En caso de no hacerlo, no nos quedará más remedio que recurrir a los tribunales, para que sean éstos los que le recuerden a la alcaldesa y a sus concejales de Personal y Urbanismo que ellos también deben cumplir la Ley”.