de la Cadena Alimentaria que entró en vigor el 1 de enero
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha valora positivamente la disposición mostrada por la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario, del Ministerio de Agricultura) durante la reunión mantenida, este miércoles, con representantes de las organizaciones agrarias, de cooperativas y de la Federación Española del Vino (FEV), ante los bajos precios detectados en la presente campaña, incluso con la nueva Ley de Cadena Alimentaria ya en vigor. Por primera vez, el Ministerio de Agricultura, a través de la AICA, velará para la protección de los productores de vino, al igual que viene haciendo con los productores de leche y de aceite.
El director de la AICA, José Miguel Herrero ha insistido a los industriales en la obligatoriedad de que existan contratos previos por escrito, con anterioridad a la campaña de vendimia, para transacciones superiores a los 2.500 euros. Algo que viene reclamando UPA ante los precios impuestos unilateralmente por parte de las bodegas que han actuado al margen de la Ley de Cadena Alimentaria que obliga a establecer los precios a través de contrato previo con el viticultor.
Este año, con la Ley ya en vigor desde el 1 de enero, el primer precio en Castilla-La Mancha se publicó en tablilla el día 26 de agosto, con la vendimia ya comenzada y con uva de por medio, un producto perecedero que genera una absoluta indefensión al sector productor ya que o lo aceptaba o no hubiera podido descargar la uva en la bodega.
Para UPA CLM es una demanda histórica que cuando los agricultores y ganaderos entreguen un producto, éstos sepan previamente cuánto se les va a pagar por él y ahora además esta reivindicación viene amparada por una Ley de Cadena Alimentaria. Por eso piden a la AICA que cumpla con la Ley para que, en la próxima campaña de vendimia, todos los viticultores antes de entregar su uva sepan: qué precio van a recibir y cuándo van a cobrar.
En la reunión, el director de la AICA ha reconocido que la uva es un producto perecedero y, por tanto, los industriales tienen la obligación de pagar a los productores a un mes de plazo posterior a su entrega, a pesar de los informes que la FEV (Federación Española de Vino) ha presentado para impedirlo.
Por último, desde UPA CLM destacan el buen trabajo de la AICA que se ha comprometido, por primera vez, para regular el mercado del vino y proteger a un sector del que forman parte: 100.000 viticultores y 9 millones de jornales cada año. Estamos hablando de un cultivo que genera un 60 % de la mano de obra del conjunto de la Agricultura y que es el motor económico del sector más importante de Castilla-La Mancha.
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