De este modo ha respondido en la Comisión de Economía y Presupuestos al parlamentario socialista Luis Santiago Tierraseca, que le ha pedido que explique a qué partida presupuestaria va a cargar el Ejecutivo este gasto que ronda los "24-30 millones de euros".
Esteban ha indicado que el desestimiento de esa sentencia ha sido posterior a la presentación de la Ley de Presupuestos del 2015, que se presentó el 1 de octubre, y que para que pueda haber crédito ampliable el fallo ha de ser "firme" porque en caso contrario la Administración regional podría incurrir en un delito de "prevaricación".
"Castilla-La Mancha va a cumplir ésta y cualquier decisión de los juzgados, como ha hecho siempre sin discutirla", ha dicho el responsable de Administraciones Públicas, que ha dicho que su Gobierno "puede tener muchas cosas en las que mejorar pero en credibilidad y cumplimiento de compromisos va bien".
Dicho esto, ha defendido que los directores generales que participaron en la Mesa de Negociación de la Función Pública lo hicieron con "prudencia" y en defensa de los intereses de los castellano-manchegos, sobre todo para garantizar los servicios sociales básicos que la gestión socialista "dejó en caída libre por un precipicio".
"Hay actuaciones que no son todo lo edificante que me hubiera gustado", ha dicho Esteban, que ha añadido que para un Ejecutivo las medidas "más duras" a adoptar son las de personal y que no se siente "responsable" de haberlas adoptado porque es "víctima" por haber tenido que solucionar los problemas que el PSOE dejó.
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