Entiende que la aprobación por el Consejo de Ministro de La Ley de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá “el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el mal trecho Estado del Bienestar Social en nuestro país”. Señala IU que los ayuntamientos serán meros evaluadores y derivadores del riesgo y la exclusión social. Denuncia lo que estiman serán un “estado asistencial de beneficiencia” y entienden que “no se pueden tirar por la borda los logros conseguidos”.
Se propone para el acuerdo: Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía. Solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y afrontar una reforma de la administración local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a los ciudadanos. Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado, nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de desarrollo socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes Regionales, a la Junta de Gobierno de la FEMP, así como a los colectivos profesionales.