a la que han asistido colectivos sociales, al contar con la presencia de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, con la que se ha comprometido a crear un comité de expertos para elaborar la nueva normativa.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha calificado de "día histórico" la asistencia de un colectivo a la reunión del Consejo de Gobierno y ha resaltado que precisamente ese primer colectivo sea la plataforma en defensa de la ley de dependencia para que, "tras cuatro años de oscuridad, por fin pueda ver la luz".
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha destacado que la reunión de hoy ha sido "muy positiva, cordial y con muchas propuestas relacionadas" con las personas en situación de dependencia, un colectivo que "va a ser prioridad para el Gobierno regional".
Así, ha destacado que la Consejería ya trabaja en tres puntos, el primero de los cuales es "dar prioridad presupuestaria posiblemente ampliable de cara a 2016".
El segundo punto es el establecimiento de un marco de seguridad jurídica, un aspecto sobre el que ya se han realizado acciones, pues ha resaltado que ya se ha retirado el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra la orden de dependencia anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Además, Sánchez ha adelantado que los servicios jurídicos del Gobierno regional trabajan para retirar el decreto sobre esta materia que se encuentra en el Consejo Consultivo.
Por todo ello, ha adelantado que se creará una comisión de expertos, compuesta por empleados públicos y también con personas de fuera de la Administración, para comenzar la elaboración de la nueva normativa, tanto de procedimiento como de compatibilidad e intensidad de todas las situaciones de dependencia.
Asimismo, ha sostenido que los servicios jurídicos también trabajan para determinar cuál es el mejor trámite legal para los 15.000 expedientes que se han visto afectados por la anulación de la orden de dependencia de 2013.
El tercer punto es analizar cuántos recursos profesionales hay en los servicios provinciales de la Consejería de Bienestar Social, pues ha apuntado la posibilidad de que se deba incrementar el personal debido a los retrasos en la gestión de prestaciones.
Por otro lado, ha señalado que el 1 de julio ha comenzado el plazo para que sean beneficiarios de las ayudas de la ley de dependencia también los reconocidos con el grado 1, que son aquellas personas en situación en dependencia más leve, y que supone que "hay 22.000 expedientes que hay que tramitar", que si se suman a los que están en lista de espera, suponen "30.000 expedientes que gestionar".
"Es una situación complicada sobre la que estamos trabajando", ha admitido la consejera.
Por su parte, el presidente de la plataforma en defensa de la ley de Dependencia, José Luis Ocaña, ha valorado que, tras cuatro años "muy duros" para las personas dependientes, el Gobierno regional les ha "escuchado, tendido la mano y dejado exponer lo que ha pasado", por lo que ha aseverado que "es de agradecer que las puertas del Consejo de Gobierno se hayan abierto de par en par".
Ocaña ha coincidido con la consejera al señalar que la reunión "ha sido muy fructífera" y ha destacado, sobre todo, que el Gobierno regional se ha mostrado "receptivo" con sus reivindicaciones.
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