El informe de Tesorería destaca que el Ayuntamiento de Albacete paga a sus proveedores en un promedio de 18,15 días, superando la media nacional. El concejal Alberto Reina agradece a los trabajadores por su eficacia y reafirma el compromiso de controlar la deuda y erradicar la morosidad.
El informe de Tesorería, que se ha examinado hoy en la Comisión de Hacienda, ha sido valorado de manera muy positiva por el concejal de Hacienda, Alberto Reina. Este informe, correspondiente al segundo trimestre del año y enfocado en la morosidad, destaca que nuestra administración se posiciona nuevamente como una de las que más rápidamente abona a sus proveedores. Con un promedio de 18,15 días, estamos por debajo tanto de la media nacional como de otros ayuntamientos.
En concreto, Alberto Reina ha indicado que el pago promedio a proveedores del Ayuntamiento de Albacete fue de 11,93 en abril, 14,60 en mayo y 15,92 en junio. Por otro lado, la Administración central registró pagos de 25,42 en abril, 25,11 en mayo y 23,08 en junio. En cuanto a la media de la administración local, los pagos fueron de 32,09 en abril y 31,87 en mayo; sin embargo, aún no se dispone del dato correspondiente a junio.
El concejal de Hacienda ha afirmado que “seguiremos trabajando para controlar la deuda comercial y erradicar la morosidad en el Ayuntamiento de Albacete”.
Alberto Reina ha expresado su gratitud hacia los trabajadores municipales por su eficacia y profesionalidad, que han sido clave para alcanzar estos resultados. Esto se ha logrado a pesar de las complicaciones que ha conllevado la implementación de los nuevos programas de contabilidad y de gestión de ingresos y pagos.
El concejal de Hacienda ha subrayado que “el Equipo de Gobierno está afianzando la tendencia a la baja en los pagos a los proveedores, lo que se debe a la solvencia y fiabilidad del Ayuntamiento”. De esta manera, se está contribuyendo a que las empresas “mejoren su eficiencia y competitividad al disminuir sus costes financieros al recibir el pago de forma casi inmediata”.
Alberto Reina ha señalado que, según la ley, el sector público tiene un plazo máximo de 30 días para realizar los pagos.
A partir de ese plazo, se generan automáticamente intereses de demora debido a la falta de pago.
La legislación que se centra en la gestión de la deuda comercial y en la eliminación de la morosidad en las administraciones públicas establece, con el objetivo de promover la transparencia, la obligación de hacer públicos los pagos efectuados durante cada trimestre natural, así como las transacciones que permanezcan pendientes al cierre de dicho trimestre.
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