En la Audiencia Provincial de Albacete, se juzga a una mujer acusada de asesinar a su recién nacido arrojándolo a una papelera. La Guardia Civil presentó pruebas de que estaba consciente de su embarazo y realizó búsquedas sobre métodos abortivos. La defensa sostiene que sufría un síndrome de embarazo críptico.
Este martes, en la Audiencia Provincial de Albacete, se ha proseguido con el juicio de la mujer imputada por el asesinato de su recién nacido al arrojarlo a una papelera en Elche de la Sierra. Durante la fase de prueba testifical, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la investigación han señalado que la acusada realizó 253 búsquedas en Internet vinculadas con el embarazo y los abortos, incluyendo algunas que se efectuaron el mismo día en que inició el parto.
Los agentes han afirmado que la encausada estaba "totalmente consciente de su embarazo" y que durante los meses de gestación, realizó consultas sobre cómo obtener píldoras o plantas abortivas para interrumpir el embarazo. Esta información contradice la versión presentada por la defensa, que sostiene que la mujer sufría del síndrome de embarazo críptico, una condición en la que no se tiene conciencia del estado gestacional.
De manera similar, la Guardia Civil ha explicado el proceso mediante el cual se intervinieron los teléfonos de la acusada, así como los de su entonces marido y su suegra. Esta intervención resultó en la exclusión de estos dos últimos en relación con el presunto asesinato, a pesar de lo que argumenta la defensa.
La acusada llevó "una vida normal" y su alimentación no favorecía el embarazo, ya que consumía alcohol en fiestas y fumaba. Además, no discutía con su marido sobre su estado, lo cual, según las Fuerzas de Seguridad, indica claramente que él desconocía que su mujer seguía embarazada.
Los agentes han afirmado que el hombre se encontraba fuera de la localidad, dedicado a la caza, en el instante en que sucedieron los hechos. Esta información ha sido corroborada mediante testigos y la triangulación de su señal móvil. Además, las conversaciones que mantuvieron tanto la suegra como el exmarido revelan una total incertidumbre respecto a lo sucedido, sin que haya indicios que sugieran un posible involucramiento por su parte.
La mujer confesó a su marido que estaba embarazada al inicio de la gestación, lo que provocó un disgusto en él, como han corroborado las conversaciones intervenidas. Según los agentes, esta reacción podría haber influido en la decisión de la mujer de poner fin a la vida del niño. Poco después, la acusada engañó a su marido afirmando que había sufrido un aborto espontáneo, ocultando así que aún continuaba en estado de gestación. Además, dejó de asistir a las revisiones médicas durante el último tramo del embarazo, tal como ha argumentado la Fiscalía.
La mujer continuó su búsqueda en Internet sobre diferentes métodos para cortar el cordón umbilical de un recién nacido, así como información sobre cómo limpiar el útero tras el parto. Además, el mismo día del nacimiento, alrededor de las 16:00 horas, investigó acerca de cómo controlar los dolos de contracción. Esto demuestra, según ha afirmado la Guardia Civil, que "sabía en todo momento lo que estaba ocurriendo y a esa hora ya sabía que iba a dar a luz".
En el baño de su vivienda, la acusada dio a luz y se mostró reacia a comunicarse con los profesionales de la salud o las autoridades que la atendieron al llegar al hospital de Hellín debido a una pérdida significativa de sangre. Los médicos, al sospechar que había tenido un parto, inicialmente determinaron que este había sucedido entre 24 y 48 horas antes. Sin embargo, cuando ella admitió que había desechado al bebé en la basura, se activó un operativo para detener todo el sistema de residuos de la provincia de Albacete, ya que creían que el infante podría estar "o en un contenedor o en un basurero".
No obstante, al día siguiente, la forense realizó una inspección a la mujer, quien inicialmente había rechazado someterse a la exploración. Durante su evaluación, se dio cuenta de que el nacimiento podría haber tenido lugar esa misma noche. Esto llevó a los agentes a ingresar en el domicilio.
En el interior, encontraron al bebé, "comprimido al fondo de la papelera entre excrementos de perros y con una bolsa muy anudada que impedía respirar", ya sin vida.
De acuerdo con lo que han indicado los investigadores, la pareja se encontraba en una situación económica complicada, además de experimentar problemas en su relación sentimental. El exmarido ha compartido que su esposa le comunicó por teléfono sobre el embarazo en abril de 2023. Ante esta noticia, él respondió que "no les venía bien económicamente", pero subrayó que "en ningún momento le dije de abortar". En mayo, ella le notificó que había interrumpido el embarazo, afirmando que "no dudando en ningún momento de lo que me dijo", y agregó que "no notando que estaba embarazada después".
En la noche en que sucedieron los acontecimientos, el exmarido afirmó que se había ido a cazar. Regresó al hogar alrededor de las 23:30 horas y encontró a su esposa encerrada en el baño. Al salir, "estaba blanca y decía que tenía mucho frío y mi madre había dicho que había sufrido un derrame", lo que le llevó a llevarla al hospital. Durante el trayecto, aseguró que "ella no dijo absolutamente nada" sobre lo sucedido.
Tras su llegada a Urgencias, las enfermeras le informaron que había dado a luz. Ante esto, ella replicó: "Eso es imposible porque no estaba embarazada." Fue en ese momento cuando los médicos, al revisar el historial clínico de la mujer, le confirmaron que la gestación había proseguido.
Este miércoles, 19 de noviembre, la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete dará continuidad al juicio.
El exmarido ha afirmado que "es totalmente mentira" que la asistiera en el aborto. Este testimonio coincide con el de su madre, quien ha revelado que manipuló la bolsa de basura donde se encontraba el bebé, sin ser consciente del contenido ni haber escuchado ningún sonido proveniente de ella. "Ojalá hubiera escuchado algo, ahora tendría un nieto de tres años", ha comentado la exsuegra.
Las declaraciones del personal del hospital han puesto fin a la sesión, donde se describió la llegada de la pareja al centro. Inspecciones realizadas a la encausada revelaron indicios de un parto reciente, el cual ella negó en repetidas ocasiones hasta que finalmente confesó.
La Fiscalía ha solicitado, además, la privación de la patria potestad sobre su otra hija y una orden de alejamiento que se extendería por un periodo de 31 años. También se ha pedido una indemnización de 50.000 euros para ella, en compensación por la muerte de su hermano, así como otra indemnización de 100.000 euros para el padre del bebé fallecido.
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