Juicio en Toledo por trata de personas y explotación sexual de mujeres colombianas

Los días 7 y 8 de enero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio contra seis individuos: O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M.. Estos están acusados de haber traído desde Colombia a un total de siete personas con el propósito de su explotación sexual. Cabe mencionar que este juicio había sido suspendido en septiembre, que era la primera fecha programada.

De acuerdo con el documento presentado por la Fiscalía, los imputados O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental similar a la de un matrimonio, se dirigieron hacia la localidad de Toledo.

En cumplimiento de lo que se había planeado anteriormente, las acciones fueron llevadas a cabo no solo por los dos acusados, sino también con la cooperación y el concierto de otros implicados, como los también acusados J.J.R. y G.A.O.G., quienes son hermanos de O.O.O.R.. Estas personas ejecutaron actividades dirigidas a obtener un beneficio patrimonial ilícito a través del ejercicio de la prostitución de mujeres, en su mayoría jóvenes provenientes y residentes de la localidad colombiana de La Virginia, de donde eran originarios tanto O.O.O.R. como sus dos hermanos.

En el mes de mayo de 2019, aunque la fecha exacta no se especifica, J.J.R., quien en ese momento vivía en el municipio de La Virginia, tomó la iniciativa de comunicarse con una amiga llamada B.. Este contacto tenía como objetivo ofrecerle la oportunidad de trasladarse a España para ejercer la actividad de prostitución en la vivienda mencionada anteriormente, que era propiedad de O.O.O.R.. La razón detrás de esta propuesta era ayudar a ambas a salir de la difícil situación económica que enfrentaban, tanto ella como su familia.

Al establecer contacto J.J.R. con B. para presentarle la oferta, la propuesta que fue aceptada por B. incluía el adelanto de los gastos relacionados con su traslado. Este paquete abarcaba la obtención de un pasaporte, el costo de los billetes para un vuelo de ida y vuelta entre Colombia y España, así como una reserva hotelera en el destino. Además, se le proporcionaría la suma de 1.000 euros en efectivo como viático, lo que le permitiría aparentar que contaba con los recursos económicos necesarios para realizar su entrada a España.

En lugar de lo esperado, los acusados impusieron un gravamen económico que erróneamente fue calificado como una deuda por los mencionados. Esta obligación consistía en entregar la suma de tres mil euros a O.O.O.R. tan pronto como ella llegara a España, utilizando el dinero que obtuviera a través de su trabajo como prostituta. Cabe destacar que esta cantidad era considerablemente mayor que el total de los gastos que tuvieron que asumir para conseguir los pasajes.

De manera similar, los acusados llevaron a cabo sus acciones con B., C., D., E., G., H., J. y L.. Para eludir los controles fronterizos del aeropuerto de Madrid-Barajas, algunas de ellas tuvieron que ingresar al país pasando por Francia y Alemania.

Las acusadas, además de realizar la prostitución en el piso ubicado en Toledo, también lo hicieron en diversas localidades como Parla, Cuenca, Albacete y Algeciras.

Se brindó a las mujeres formación sobre la manera de promocionar sus servicios como prostitutas, con el objetivo de generar ingresos que les permitieran cumplir no solo con la obligación económica adquirida con O.O.O.R, sino también para sufragar el costo del alojamiento en el piso. Este importe, que alcanzaba los 150 euros semanales, fue establecido por decisión de este acusado y es considerado por la Fiscalía como "excesivo y desproporcionado".

Asimismo, las víctimas se vieron obligadas a enviar diversas sumas de dinero desde locutorios, conforme a las instrucciones de los acusados.

Con el objetivo de garantizar un adecuado suministro, O.O.O.R. contaba con una cantidad suficiente de esta sustancia estupefaciente, asegurándose de que cada hogar tuviera lo necesario.

Una actividad adicional llevada a cabo en conjunto por los miembros del contubernio criminal liderado por O.O.O.R., que representaba una fuente de ingresos considerable, era la venta de cocaína. Esta venta se realizaba a los clientes que la solicitaban durante los encuentros sexuales.

El 8 de diciembre de 2019, B. decidió presentarse de manera voluntaria y espontánea en las instalaciones de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo. Sin contar con ningún tipo de apoyo o referente personal que pudiera ayudarla, su objetivo era denunciar la situación que había estado sufriendo hasta ese momento. Fue atendida por los miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

Con ella, estos agentes mantuvieron una entrevista en privado y, considerando la verosimilitud de su relato, procedieron a tomarle una declaración formal. En todo momento, sus datos de identidad fueron protegidos bajo una nomenclatura de testigo protegido, y se le ofreció la asistencia necesaria. Esto incluyó su acogida en un recurso residencial que depende del Centro de la Mujer de Toledo. Desde allí, fue trasladada de manera inmediata al Centro de Atención y Valoración Integral, donde ingresó el 9 de diciembre de 2019. Este proceso dio inicio a una investigación policial que, posteriormente, condujo a la apertura de las presentes actuaciones.

Mujeres colombianas víctimas de prostitución forzada

En la mañana del 10 de marzo de 2020, se llevó a cabo un registro domiciliario en una vivienda, donde se encontraban en ese momento la acusada G.A.O.G., su hijo L. y dos mujeres adicionales. Este procedimiento se realizó bajo el amparo de una resolución judicial habilitante emitida por el Magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Toledo, en el contexto de las diligencias actuales.

Al percatarse de la intervención policial, G.A.O.G. se dirigió rápidamente a uno de los dos baños disponibles en la vivienda. Su intención era deshacerse de las dosis de cocaína que tenía en su habitación, arrojándolas al inodoro. Estas sustancias estaban destinadas, como se mencionó anteriormente, a ser distribuidas entre los clientes adictos que las solicitaran, en concordancia con el plan ejecutivo previamente establecido por su hermano O.O.O.R..

Sin embargo, una de las dosis había permanecido flotando en el inodoro, mientras que otra se había caído al suelo, justo al lado de este. Esta situación fue observada por una de las agentes policiales que participaban en el registro domiciliario. Posteriormente, se llevó a cabo la recolección y análisis de la sustancia, el cual reveló que ambas dosis contenían un total de 0,85 gramos de cocaína.

Asimismo, en la habitación que ocupaba G.A.O.G. en esa vivienda, se encontró otra dosis de cocaína, elaborada de forma similar a las anteriores. Esta dosis contenía 0,28 gramos de la mencionada sustancia, además de una báscula de precisión y un total de 155 euros en billetes.

De manera casi simultánea, se llevó a cabo un registro domiciliario en la vivienda que servía como residencia habitual de los acusados O.O.O.R., A.K.P.N. y J.J.R.. En ese momento, dentro de la propiedad también se encontraban H. y la acusada L.M.M.L..

En el transcurso del mencionado registro, se encontraron varios objetos, incluyendo una bolsa que estaba dentro de uno de los muebles de la habitación ocupada por O.O.O.R. y su pareja sentimental. Tras el análisis de su contenido, se determinó que la bolsa contenía 131,53 gramos de cocaína. Además, se halló otra bolsa con recortes de plástico blanco, los cuales estaban destinados a la elaboración de dosis individuales de dicha sustancia estupefaciente, así como un total de 1.760 euros.

Los acusados se presentan como coautores de cada uno de estos delitos.

La vivienda ubicada en Algeciras también fue registrada, y como consecuencia más significativa de esta acción, se confiscó una balanza de precisión que era idéntica a la encontrada en la vivienda situada en Toledo.

Debido a todos estos acontecimientos, la Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión por cada uno de los delitos relacionados con la trata de seres humanos con el objetivo de explotación sexual, en concurso medial con un delito de explotación lucrativa de la prostitución ajena. Además, se pide un año por el delito continuado que infringe los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública.