La Guardia Civil ha puesto bajo investigación al propietario de un desguace en Alcázar de San Juan, acusado de certificar de manera fraudulenta la descontaminación de vehículos al final de su vida útil. Esta operación, conocida como 'Fulcat', fue llevada a cabo por el Seprona de la Comandancia de Ciudad Real, que detectó irregularidades en la gestión del desguace.
Según la información proporcionada por la Benemérita, el propietario enfrenta cargos por falsificación continuada de documentos públicos y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Durante una inspección rutinaria realizada en octubre del año pasado, se identificaron serias anomalías en las instalaciones del desguace, lo que llevó a programar una segunda revisión junto con inspectores del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.
Irregularidades graves en la gestión ambiental
En esta segunda inspección, se confirmaron múltiples irregularidades relacionadas con la correcta gestión de los vehículos al final de su vida útil. Los agentes del Seprona iniciaron una investigación más exhaustiva para esclarecer el estado de los automóviles que no habían sido descontaminados conforme a la normativa vigente.
El empresario implicado está siendo investigado por certificar falsamente la descontaminación de vehículos, mientras que estos eran acumulados sin procesar en áreas no autorizadas, cuya solicitud había sido denegada debido a su proximidad a un humedal protegido (ZEPA). Esta actividad ilegal ha resultado en el deterioro de los vehículos almacenados al aire libre, lo que ha causado vertidos de residuos peligrosos directamente sobre el suelo.
Impacto ambiental y competencia desleal
Además, se constató que los gases fluorados presentes en los sistemas de aire acondicionado no estaban siendo extraídos ni reciclados adecuadamente, liberándose a la atmósfera en algunos casos. Estas emisiones son altamente perjudiciales para la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global. Por ello, la normativa exige un protocolo riguroso para su recuperación y tratamiento, clasificándolos como residuos peligrosos debido a su gran potencial contaminante.
No solo se infringe así la legislación medioambiental, sino que también se genera una competencia desleal frente a otros gestores de residuos y desguaces que sí cumplen con las normativas establecidas.
Análisis pericial en curso
Para corroborar todos estos aspectos, miembros de la Unidad Técnica del Seprona están llevando a cabo un informe pericial que permitirá evaluar las cantidades y el impacto ambiental derivado de estas prácticas ilegales, incluyendo las toneladas de emisiones directas a la atmósfera.
Las diligencias policiales han sido presentadas ante el Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan para su correspondiente tramitación judicial.
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