En el día de hoy, y de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se está llevado a cabo un operativo policial en varias provincias españolas contra una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados, presuntamente, en delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se están llevando a cabo varias detenciones de ciudadanos de nacionalidad china, principalmente, así como registros de sus viviendas particulares y de los domicilios sociales de las empresas que regentan, algunas de las cuales se encuentran en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, situado en el madrileño municipio de Fuenlabrada. La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles que ha declarado el secreto de las actuaciones.
La investigación se inició a mediados de 2017 por una denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF central) de la Comisaría General de Policía Judicial. Posteriormente la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se unió a la investigación una vez abiertas las diligencias previas por el juzgado.
La investigación está centrada en el estudio de una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China, con destino a España, minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importación, en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.
La organización, que controla tanto la producción en China como la posterior comercialización de los productos en Europa, está especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etc.) e iluminación (LED´s, halógenos, tubos fluorescentes, etc.), comercializando muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas físicas como virtuales.
La organización vendría operando al menos desde el año 2013, utilizando para ello distintas empresas algunas de ellas con permanencia en el tiempo. Durante la investigación se ha detectado la existencia de ventas ocultas para las que la organización dispone de una red de comerciales distribuidos por la geografía española que se encargan de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapa del control de la Hacienda Pública.
Los delitos investigados son delitos contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La cuantificación del fraude estimado desde el año 2013 hasta el año 2017 asciende a casi 7 millones de euros.
En el operativo se están realizando detenciones, entradas y registros en domicilios particulares y sedes sociales en la provincia de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. En dicho operativo participan agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la ONIF de la Agencia Tributaria de las dependencias de inspección de Valencia, Alicante, Toledo y Barcelona.