La sentencia, que admite recurso ante la Audiencia Provincial, ha sido difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha e incluye la posición de la Abogacía del Estado, personada como acusación particular, que solicitaba una condena mayor, de dos años y dos meses de cárcel y multa de 690.000 euros, además de las indemnizaciones.
El acusado, Rafael L.M., era el representante legal de una sociedad mercantil domiciliada en Almansa y según el fallo judicial, para eludir el pago del Impuesto de Valor Añadido de 2003 concibió la idea de "ajustar en conveniencia las autoliquidaciones mensuales para que arrojaran el saldo adecuado", y consiguió así declarar 313.370 euros menos a Hacienda de lo que en realidad le correspondía.
Fue una inspección en enero de 2007 la que hizo que el acusado presentara una declaración complementaria de IVA correspondiente a 2003 "en la que reconocía adeudar 300.000 euros, sin haber satisfecho el pago de lo adeudado".
Las actuaciones judiciales incoadas en septiembre de 2007 estuvieron paralizadas "por causa ajena al acusado" hasta que finalmente se reactivó la tramitación y el juicio se celebró en marzo de este año.
La condena final es de 11 meses de privación de libertad, 280.000 euros de multa y la indemnización de 313.710 euros a la Hacienda Pública, explica la sentencia, que tiene en cuenta el retraso en la instrucción del caso para reducir el tiempo de cárcel y la sanción económica.