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Imagen de archivo de una plantación de marihuana.
Imagen de archivo de una plantación de marihuana.

El fiscal pide siete años y medio de cárcel para el hombre y la mujer que cultivaban marihuana en Toledo

martes 13 de noviembre de 2018, 14:28h

El fiscal pide siete años y medio de prisión para un hombre y una mujer que cultivaban marihuana en dos viviendas, en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y Arroyomolinos (Madrid), y que compraron un inmueble y dos vehículos con el dinero que obtuvieron con su distribución, que serán juzgados mañana en la Audiencia de Toledo.

Además de tres años y medio de prisión por un delito contra la salud pública y otros cuatro años por blanqueo de capitales, el ministerio público pide para el hombre año y medio de prisión por tenencia de arma, y un total de 464.827 euros de multa.

La sección primera de la Audiencia de Toledo acogerá mañana, a partir de las 10:00 horas, este juicio cuyos hechos se remontan al 13 de mayo de 2013, cuando se realizó el registro de las dos viviendas en las que se hallaron 204 plantas de marihuana en Santa Cruz de Retamar y 9,5 kilos de marihuana embolsada en el otro domicilio.

Durante los años anteriores, según el escrito del fiscal, los acusados se habían dedicado al cultivo de marihuana y a su elaboración, peaje, embolsado y distribución, de modo que habían obtenido "importantes beneficios" que permitieron a la mujer adquirir una de las viviendas y pagar las elevadas facturas de electricidad y agua que se derivaban del cultivo de las plantas.

En concreto, la factura de electricidad de la vivienda de Arroyomolinos de abril de 2013 ascendía a 2.116 euros frente a los 724 euros que la misma vivienda facturó en diciembre de 2012, según el ministerio público que argumenta, además, que los acusados no utilizaban ninguna de las dos viviendas como residencia, ni habitual ni esporádica.

La cantidad total de droga decomisada aquel 13 de mayo de 2013 ascendía a 29,5 kilogramos de cannabis sativa, que en el mercado hubiera supuesto 156.748 euros vendida por gramos o 32.264 euros distribuida en kilogramos.

Además de pagar las facturas de agua y electricidad, los acusados compraron distintos bienes que pusieron a nombre de la mujer (la vivienda de Santa Cruz de Retamar y dos vehículos), según el fiscal quien ha señalado que entre 2003 y 2012 los acusados tuvieron 222.696 euros de ingresos.

El hombre utilizaba habitualmente la vivienda de la localidad toledana, donde se localizó un revólver de 9 mm con un número de identificación eliminado, que está considerada arma prohibida, y una carabina de calibre 22 que sí está considerada arma reglamentaria.

Las dos armas estaban en correcto estado de funcionamiento y el acusado carecía de licencia de armas.

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