Según se indica en el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2016 en una vivienda de Alcázar de San Juan, en la que se encontraban los tres procesados, L.M.F.R. un hombre de nacionalidad colombiana en situación irregular en España, su pareja J.S.C. y otra mujer cuyas iniciales son A.M.F.P., así como la víctima, R.L.L.
Cuando estaban en el domicilio de la pareja conformada por L.M.F.R. y J.S.C., el hombre hizo una propuesta a R.L.L. para intervenir en un transporte de droga que venía desde la República Dominicana que la víctima rechazó.
Tras su rechazo, los tres procesados "actuando de común acuerdo y con ánimo de acabar con la vida de R.L.L." se acercaron hasta la víctima y mientras el hombre la sujetaba por la espalda, las dos mujeres se acercaron hacia ella mientras L.M.F.R. llevaba un cuchillo de cocina que le clavó en tres ocasiones en la zona del abdomen, relata el ministerio público.
A pesar de recibir estas tres puñaladas, la víctima trató de huir, pero tras forcejar con el acusado éste consiguió sujetarla y la arrojó desde el balcón de la casa a la calle "sin que las otras dos procesadas hicieran nada para impedírselo".
La mujer herida fue atendida en la calle por los servicios médicos de urgencias y fue trasladada a un centro médico de Alcázar de San Juan.
Las heridas que sufrió por el apuñalamiento, que hubieran provocado su muerte por shock hemorrágico si no hubiera recibido atención médica urgente, y las que le provocó la caída a la calle desde el balcón, originaron unas graves lesiones que hicieron necesario que estuviera en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hospitalaria y su posterior ingreso durante 177 días en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Pero a pesar de que finalmente salvó la vida, la víctima tiene numerosas secuelas por las lesiones que sufrió, según indica el fiscal en su informe.
El fiscal considera a los tres procesados autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la circunstancia agravante de la responsabilidad de abuso de autoridad, por lo que pide que cada uno de ellos sea condenado a una pena de nueve años de prisión.
Asimismo, solicita que indemnicen a la víctima con 28.000 euros por las lesiones que le ocasionaron y con otros 144.000 euros por las secuelas.