El Ayuntamiento de Albacete da por zanjado el conflicto con los regantes valencianos por el uso del embalse de Alarcón
La Junta de Gobierno Local ha dado hoy el visto bueno al acuerdo alcanzado hace unos días por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete para dar por zanjado el conflicto judicial abierto hace ocho años a cuenta del pago de compensaciones a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) por el uso del pantano de Alarcón entre 2005 y 2008, años en los que la sequía dejó el embalse por debajo del nivel a partir del cual los usuarios de dicho pantano debían compensar a la USUJ.
El Ayuntamiento de Albacete pagará antes de fin de año la deuda, ratificada por los tribunales, que asciende a 1.115.879 euros y otros 28.373 euros de intereses (un 25% de los que estaba obligado a abonar). Se ahorrará el pago de las costas judiciales y un 75% de los intereses, a cambio de no presentar un último recurso posible ante el Tribunal Supremo, consciente como es el consistorio de alargar el proceso implicaría el incremento de los intereses y nuevas costas, ante la escasa posibilidad de que dicho recurso prospere.
Los antecedentes de esta situación hay que buscarlos en la década de los 70, cuando el embalse de Alarcón fue construido por el Estado, pero con las aportaciones económicas de la USUJ, entidad que aglutina a regantes valencianos.
En 1983 una sentencia reconoció que para usar dicho pantano debía llegarse a un acuerdo con la USUJ y rubricar el preceptivo convenio. En 1998, el Plan Hidrológico del Júcar recogió la necesidad de dicho convenio. Y así, en el año 2001, se firmó el Convenio de Alarcón entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ, para la gestión del sistema hidráulico del Júcar (Alarcón-Contreras-Tous).
En virtud de dicho convenio, el Ministerio de Medio Ambiente se quedaba con los derechos de explotación y conservación del pantano de Alarcón, si bien la USUJ se quedó con ciertas garantías, como una "reserva de volúmenes" del río Júcar. Si se daba el caso de que dicha reserva no podía garantizarse, por ejemplo en época de sequía, debían recibir unas contraprestaciones económicas.
En el año 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar adoptó una serie de acuerdos fijando los niveles de curva de reserva para la USUJ, el coste de las compensaciones y los usuarios que debían pagar a la USUJ si tomaban agua del embalse una vez alcanzados esos niveles de reserva. Entre esos usuarios se incluyó al Ayuntamiento de Albacete.
El Ayuntamiento de Albacete recurrió en los tribunales este acuerdo y cinco años después, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y tres años después el Tribunal Supremo, concluyeron que esa reserva de caudales a la USUJ era conforme a derecho, pues tenía su origen en el Plan Hidrológico del Júcar.
Afortunadamente, el Plan Hidrológico del Júcar en vigor, aprobado en el año 2016, exonera al Ayuntamiento de Albacete de cualquier pago por este concepto. Pero la deuda anterior acumulada, del año 2005 al 2008, periodo en el que hubo sequía, seguía ahí.
El Ayuntamiento de Albacete ha venido oponiéndose al pago de esta deuda, que superaba el millón de euros, en distintos recursos judiciales. Si bien algunos se han resuelto a favor del consistorio albaceteño por defectos procesales, las razones de fondo ya estaban juzgadas de forma desfavorable para los intereses de la ciudad.
Así, en el año 2016 la USUJ inició los últimos procesos de reclamación judicial de esta deuda y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón, condenando al Ayuntamiento de Albacete a abonar la deuda y los intereses desde la última reclamación. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado este criterio, por tanto, obliga al Ayuntamiento a pagar.
Solo quedaría, por tanto, interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, este Equipo de Gobierno, consciente de que las posibilidades judiciales eran pocas, ha preferido negociar una rebaja de la deuda y dar por terminado este asunto.
El acuerdo, alcanzado días atrás por la concejal de Hacienda, María José López, y el vicealcalde, Emilio Sáez, en una reunión mantenida con los responsables de la USUJ, pasa por abonar la deuda acumulada y un 25% de los intereses, dejando a cero las costas judiciales. Fruto de esta negociación las arcas municipales se ahorrarán 300.000 euros
La deuda supera el millón de euros y será abonada, tras la modificación presupuestaria oportuna, con cargo al superávit del año 2018.
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