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La abogacía del estado

miércoles 08 de enero de 2020, 03:47h

Parece que, como casi todo ya en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, también la Abogacía del Estado (palabras mayores) está en almoneda, al alcance del mejor postor. Parece mentira, ítem, que siendo como es la Abogacía del Estado, un cuerpo de élite, dentro de la Administración General del Estado, al que para acceder al mismo se requiere aprobar una oposición dura, más bien durísima, y difícil, más bien dificilísima, haya caído tan bajo como se desprende, sin ambages, de los escritos presentados (antes al propio Oriol Junqueras, para su aprobación, en un hecho insólito en un Estado de Derecho) ante el Tribunal Supremo y la opinión pública, a los que se les ha ofrecido después del visto bueno por el condenado por sedición y otros delitos a la pena de prisión de nada más y nada menos, que de trece años.

Uno de esos comunicados con la finalidad de curarse antes de recibir la herida, resaltando la independencia del Cuerpo y su sumisión estricta a la ley, lo que era innecesario porque ello ya se presupone y no cabe incidir en lo que por Ley es obligado cumplir. Así, dice el escrito o comunicado, vergonzoso y lamentable, tomando al pueblo español en su conjunto y a los ciudadanos españoles uno a uno, como un saco de lerdos e ignorantes, pero ya se sabe que cuando el delincuente es pillado infraganti y antes de prepararse la coartada, todo se le pone negro color antracita. Y es que ese primer comunicado sería para que comenzase a someter a juicio, por necios y canallas, a los propios Abogados que lo firman, y es que no tiene desperdicio: “Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado. Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnicos-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1.881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une”.

Qué duda cabe, que a este comunicado le falta algún que otro emoji, tales como podrían ser, el de la sonrisa amplia, el de los aplausos y cualquiera otro que signifique alabanza para tan preclara declaración. Ahora bien, qué duda cabe, si analizamos con detenimiento el contenido del susodicho escrito y lo analizamos con lupa, tal como es analizado el día 24 de cada Diciembre, el discurso de su Majestad el Rey de España, sea quien lo fuere, entrando en la literalidad de las palabras y en los gestos del orador, que aquí la susodicha Asociación incurre, como no podía ser de otra manera, en graves lagunas y en no pocas desacertadas expresiones que se pueden volver contra la misma como un boomerang vuelve a la mano de quien lo lanzó con maestría. Y es que, para empezar ese “rechazo a cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza” ya está ampliamente probado y constatado cuando en el llamado “procés” cambió el criterio de acusación y retiró la de rebelión, limitándose a la sedición, en contra de lo que anteriormente había propuesto en consonancia con la Fiscalía del Estado, la cual sí mantuvo esa acusación, probablemente para que el cambio de criterio de la primera no constituyese un escándalo de órdago, y habría que preguntarse quién susurró al oído (como en la película del “susurro de los caballos”) que, sí o sí, debían cambiar su acusación. Desde luego cualquiera que no esté sujeto de pies y manos por la longa manu del poder, no dejaría de pensar en injerencia o presión, incluso amenaza del Poder Ejecutivo. Pero, en fin, admitamos pulpo como animal de compañía. Yendo directamente a la yugular esa injerencia, o presión y amenaza, a la “finalidad de desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones procesales e informes” y no con “estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos”, sino más bien, con estricta sujeción a criterios políticos. Y para más inri, sin venir a cuento, pues así debe ser y así debería haber sido, se declaran “profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición”, lo cual huelga por su propia naturaleza y como si la oposición fuera la garante de que “garantizamos desde 1.881 el sometimiento a la Ley y al Derecho”, lo cual parece ya haber quebrado y contradecirse con que, a día de hoy, ya se ha producido la dimisión de dos miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado, tras pedir a la Asociación que reprobara a la Ministra de Justicia por “presiones” en este caso, a lo que habría que añadir el comunicado que un grupo de Abogados del Estado ha promovido en el que denuncian el uso con “fines partidistas” de la institución. Todo lo cual, más claro, agua, incide en un inciso final del escrito “Esto es lo que nos une”, pues en este caos más bien es lo que les desune y separa y que, en cualquier caso, esa línea recta que dicen haber observado desde 1.881, ha quebrado por varias partes, aunque haya algún meapilas (por ejemplo, Antonio Bortella García, Abogado del Estado jubilado, en opinión evacuada en el Diario “El Mundo” del día 31 del pasado mes y año) que defiendan la oportunidad del escrito que analizamos.

Pues bien, en cuanto al contenido del informe, tras su visto bueno por el propio condenado Oriol Junqueras, remitido a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, la Abogacía se decanta sin tapujos sobre la posibilidad de que dicho condenado a trece años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, pueda acudir al acto de juramento o promesa de su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central, así como dirigirse sin impedimento al lugar de reunión del Parlamento Europeo y que el Tribunal valore la forma en que se haga posible el desempeño por el Sr. Junqueras de su función representativa, en tanto mantenga su estatus, es decir mientras no haya pronunciamiento por parte del Parlamento Europeo sobre la suspensión de la inmunidad del penado.

Mas, y esto es lo trascendental, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de Diciembre de 2.019, que declara la inmunidad parlamentaria del reo, está basada en una petición cuando el Sr. Oriol estaba en prisión preventiva, mas su estado ha mutado y muy especial y gravemente, ya que ha sido condenado en virtud de sentencia firme, hecho que la Abogacía del Estado pasa por alto y obvia, puesto que a esas alturas la inmunidad parlamentaria salta por los aires hecha añicos. Pero como lo que interesa es servir a su señor y tratar de que el Pseudo-Doctor-Sánchez, asiente de nuevo sus posaderas en La Moncloa, es preciso contentar a quien tiene la llave de su investidura, ERC, y ello aun a costa de sumir en un desprestigio sin par la imagen de la Abogacía del Estado y si este modo de actuar, con las consecuencias que lastra, no supone injerencia en el hacer y deshacer de la Abogacía del Estado, por parte del Pseudo-Doctor-Sánchez, para lograr sus intereses personales, a cualquier precio y a costa de quien haga falta para lograr sus propósitos, que venga Dios y lo vea, y, en este caso, a costa de la Abogacía del Estado, a la que se la ha infligido un daño, quizás irreparable, en su prestigio y razón de ser, que pudiera derivar en sustituir la denominación de “Abogacía del Estado” por la de “Abogacía de las cloacas”, y siendo este sólo uno de los puntos de infracción grave por parte del Presidente en Funciones, que está dispuesto a desguazar España y sacarla a subasta con tal de mantener su opción de poder seguir viajando en el Falcon, junto a su arribista Pablo Iglesias y toda su cohorte, que en la vida pudo soñar llegar a la Vicepresidencia de un Gobierno como Dios manda, y del que se derivará un sistema político socialista-marxista-leninista-estalinista desterrado de todos los países civilizados del mundo, aunque pomposamente proclame este dúo sacapuntas (Sánchez e Iglesias) que aspiran a ser “un referente mundial” de modernidad y progreso. A la vista está: Venezuela y Cuba. No hace falta añadir más.

MIGUEL-ÁNGEL VICENTE MARTINEZ

8 de Enero de 2.020

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