Así lo evidencia el estudio anual del Instituto Nacional de la Estadística que revela que por cuarto año consecutivo se ha batido el récord de juicios de esta índole celebrados en la región con 86. Una cifra que supera de forma holgada los 54 de 2018, los 48 de 2017 y los 38 de 2016.
La tendencia ascendente experimentada en la región es similar a la vivida en el cómputo global del territorio nacional. En España también cada vez más autónomos, empresarios o particulares buscan en este mecanismo la solución a sus problemas económicos, hasta el punto de que en 2019 se rozaron los 3.000 juicios celebrados en busca del beneficio de exoneración de aquellas deudas que no se pueden pagar. La progresión es tal, que en cuestión de cuatro años se ha pasado de los 956 juicios de 2016 a los 2.983 del penúltimo año.
Atendiendo específicamente a la comunidad autónoma manchega y desglosando por provincias las 86 vistas celebradas, destacan por encima del resto tanto Albacete como Guadalajara con el mismo número de instrucciones, 25. El tercer lugar está reservado para Toledo, la provincia más poblada con cerca de 700.000 habitantes, que acogió 21 juicios de este perfil. Cierran la lista Ciudad Real con 12 juicios y Cuenca, más descolgada, con tan solo 3.
Los juicios no reflejan el número de procedimientos
Uno de los aspectos que hay que aclarar sobre la Ley 25/2015 de junio de 2015 es que no todas las personas que acceden a ella concluyen su proceso en la fase judicial. Para aquellos que desconocen el funcionamiento de esta ley y no terminan de entender a qué hace referencia, cabe aclarar qué objetivo persigue este mecanismo legal que aterrizó en el sistema jurídico nacional en el verano de 2015.
Su principal intención es dotar de una segunda oportunidad para empezar de cero a aquellas personas que hayan tenido un fracaso empresarial o económico y se hayan visto desbordados por las deudas generadas. Entonces, una vez inician el procedimiento y superan la labor documental previa donde se acredita si pueden acceder a esta ley, se abre una segunda fase, que es la de mediación.
Para la fase de mediación se contará con la presencia de un mediador concursal y se buscará acercar posturas entre deudor y acreedores. Lo más habitual es que el deudor, de la mano de sus letrados, presente una propuesta de quita de la deuda y un plan de pagos sostenible y real de la cantidad restante del débito. El objetivo de este plan de pagos es permitir a la persona que accede a este mecanismo seguir viviendo con un mínimo de dignidad.
Es en este tramo donde se celebrarán negociaciones y ambas partes terminarán por decidir si les interesa o no sellar un acuerdo extrajudicial. En el caso de que se alcance un punto en común y se selle la conformidad entre las partes, el proceso quedaría zanjado y no desembocaría en la tercera fase del proceso, la judicial. Es por ello por lo que los datos del INE no reflejan con certeza absoluta el número de personas que han recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad, tan solo los que han llegado hasta el final, a la celebración de una vista judicial donde persiguen la exoneración de la totalidad de la deuda.
Un 2020 impredecible a nivel estadístico
Para concluir este análisis de los datos, cabe reseñar que para 2020 se antoja verdaderamente complicado que la tendencia siga yendo al alza fruto del parón judicial celebrado durante los meses de confinamiento, que ha provocado que muchos procesos no hayan podido salir adelante en tiempo y forma. En las próximas semanas el Instituto Nacional de Estadística publicará cuál ha sido el número de instrucciones celebrado en un año tan inolvidable como complicado.
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