Además, se ha trabajado en torno a un primer documento informativo sobre las infraestructuras provinciales de movilidad (fundamentalmente, carreteras que suman más de 67.000 km de red viaria, siendo las Administraciones que más gestionan en este sentido, reivindicando por ello los recursos para su correcta atención), y se ha dado cuenta de los principales contenidos del Real Decreto-Ley 32/2021 (Reforma Laboral) recientemente aprobado en el Congreso de los Diputados
El encuentro ha comenzado con un sentido minuto de silencio de los y las dirigentes provinciales de todo el país, en recuerdo a las personas fallecidas y a las desaparecidas en el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitantxo’ en aguas de Terranova (Canadá), y en señal de afecto hacia sus familiares y seres queridos ante tan duro momento
El leonés Convento de San Marcos (Parador de la localidad) ha acogido, este lunes, la celebración de una nueva reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Un evento que ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, y que ha significado la segunda de las reuniones presenciales que celebra este organismo tras el comienzo de la pandemia de la COVID-19 (tras el encuentro que tuvo lugar el pasado septiembre de 2021 en la Diputación Provincial de Almería).
Esta Comisión, cuya Presidencia ostenta Francisco Reyes (máximo responsable de la Diputación de Jaén) ha contado con siete puntos en su Orden del Día, siendo tres de ellos los que han centrado la mayor parte de la sesión, que ha comenzado con un sentido minuto de silencio en recuerdo a las personas fallecidas y a las desaparecidas en el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitantxo’ en aguas de Terranova (Canadá) y en señal de afecto hacia sus familiares y seres queridos ante tan duro momento.
Las grandes cifras del Plan de Recuperación
El encuentro les ha servido para seguir profundizando en las Convocatorias al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española del Gobierno de España; un factor a partir del cual han insistido en poner en valor la utilidad de los entes provinciales para facilitar que dichos dichos fondos al mayor número de municipios posible (con especial atención a los de menor población y, por ende, con menos recursos).
Tal y como se ha concretado en esta Comisión, a lo largo de 2021 la Administración General del Estado ha asignado 11.246.812.098,74 € de los fondos del Plan de Recuperación a las CC.AA., Ceuta y Melilla, Universidades Públicas y otras entidades públicas, demostrando el gran protagonismo que tienen las administraciones territoriales españolas en la ejecución de este mecanismo que, como han resaltado, es “un proyecto país que precisa de la colaboración de todas las Administraciones Públicas”.
El Gobierno calcula que, a lo largo del periodo plurianual de ejecución del PRTR, las Comunidades Autónomas gestionarán hasta el 54% de los fondos del Plan para el despliegue de inversiones en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación, empleo y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros.
Así, durante el año pasado se han transferido fondos con cargo al Plan de Recuperación mediante este mecanismo para ámbitos tales como: I+D+i, energías renovables, movilidad sostenible, rehabilitación energética de edificios, empleo, igualdad e inclusión social o digitalización en educación. Todos ellos también se realizan a través de criterios de distribución que responden a objetivos muy específicos del Plan y que han sido acordados previamente en Conferencia Sectorial.
En total, a fecha de 31 de diciembre de 2021 se habían asignado a las Comunidades Autónomas 11.246.812.098,74 €, que se destinarán a políticas públicas vinculadas a la transición verde, la digitalización, la ciencia, la cultura, la protección social, el turismo sostenible, el empleo, la educación y formación profesional. A través de Conferencia Sectorial concretamente se han transferido un total de 8.831.363.039 € y, a través de otros instrumentos (como concesiones directas o convenios), un total de 2.415.449.060 €.
Tal y como han reiterado en este encuentro los y las representantes provinciales, se está en un horizonte que contempla una importantísima llegada de fondos de origen comunitario que, han reiterado, hacen necesario “redoblar los esfuerzos para insistir en que las entidades provinciales e insulares son un aliado” para facilitar la gestión de ese volumen de recursos públicos en pro del mayor beneficio posible para los 8.131 municipios que integran el territorio español.
Los gobiernos provinciales recopilan sus grandes cifras en materia de infraestructuras
También en el seno de esta Comisión se ha podido comenzar a trabajar en torno a un primer documento informativo sobre las infraestructuras provinciales de movilidad que se comenzó a confeccionar precisamente a raíz de un acuerdo al respecto por parte de la Subcomisión Permanente de Diputaciones Provinciales. Ello, con el objetivo de recoger las tareas que los gobiernos provinciales realizan para la reparación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras viarias en su ámbito territorial.
Documento que, a su vez, permita mostrar ante terceros la extensión de las vías sobre las que se realizan tareas para su idónea conservación y los esfuerzos que son necesarios para ello, tanto de orden presupuestario como en la dotación de personal a esos fines.
No en vano, éste es un apartado al que, por ejemplo, la Diputación de Albacete (tal y como ha reseñado Cabañero) destinó casi 9.000.000 € en 2021 a distintas actuaciones, tanto de rehabilitación como de conservación y mantenimiento, de unos 110 de los casi 1.500 km de carreteras que completan la Red Viaria Provincial albacetense. Cifras que se espera prácticamente replicar en lo que a este 2022 se refiere y que, sin duda, suponen “una de las grandes apuestas del Equipo de Gobierno de la institución, plenamente conscientes de lo que supone el arreglo y la conservación de carreteras en la vertebración del territorio y en la generación de oportunidades en el medio rural”, ha explicado el presidente.
Los datos aportados por este primer informe elaborado en el seno de la Comisión de la FEMP indican que son más de 54.000 los kilómetros de carreteras en los que las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares asumen las competencias necesarias para garantizar la libre circulación de las personas y mercancías en el 80% del territorio, ocupándose de cuestiones varias como: ensanche, renovación y consolidación de firme; señalización vertical; marcas viales y barreras de seguridad; puntos y canales de evacuación de pluviales; limpieza, desbroce y retirada de obstáculos; mantenimiento de márgenes; señalización de incidencias y mejoras de señalización vial.
Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la red de carreteras de España tenía, a 31 de diciembre de 2019, casi 26.500 km² de carreteras de la Administración General del Estado (que soportan el 52,4% del tráfico total y el 64,6% del tráfico pesado); algo más de 71.200 km² de vías son competencia de las Comunidades Autónomas (y soportan, en este caso, el 42,4% del tráfico); y más de 67.700 km² de carreteras son titularidad de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares (que supone el 5,2% del tráfico restante).
Análisis de las grandes claves de la Reforma laboral
Finalmente, los y las participantes en esta Comisión han compartido los detalles de los principales contenidos del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral (publicado, a su vez, en el BOE de 31 de diciembre de 2021).
Una reforma que, han valorado, incluye un conjunto de medidas encaminadas a garantizar la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo y que han abordado en cinco grandes bloques: la contratación temporal y fijo discontinuo y los contratos formativos; la subcontratación; la ultraactividad de los convenios; la concurrencia de convenios; los ERTE y el Sistema RED de flexibilidad; y las medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Cuestiones, todas ellas, que han han completado con otros trabajos preparatorios de la que será la primera Conferencia de Presidencias que se celebrará desde 2019 y que, próximamente, tendrá lugar en Valencia.
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