Según ha explicado Rosa González de la Aleja, el Partido Popular insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a conveniar directamente con el Ayuntamiento de Albacete un Plan de Empleo específico para nuestra ciudad que dé soluciones a las contingencias de oferta y demanda de empleo que existen en la capital, al considerar que “es imprescindible que la normativa reguladora de estos planes sea flexible y adaptable a la realidad de cada municipio, puesto que las necesidades existentes en el mercado laboral de una ciudad como Albacete que supera los 180.000 habitantes no son las mismas que las que puedan darse en una pequeña población, debiendo ser por tanto las soluciones diferentes”.
Según ha recordado la concejal popular, “esta circunstancia fue puesta de manifiesto por los distintos participantes en el I Foro de Empleo y Emprendimiento celebrado el pasado mes de abril en nuestra ciudad, donde en el tercer bloque de debate relativo a los Planes de Empleo, los ponentes, además de exponer la importancia de estos planes como una vía para facilitar la integración laboral de colectivos vulnerables en riesgo de exclusión social, también coincidieron en la necesidad de adaptarlos a la realidad del municipio donde se realizan, pues la función que estos trabajadores cumplen en localidades de poca población, es distinta de las grandes ciudades donde los servicios están cubiertos por plantilla propia o contratas”.
Rosa González de la Aleja ha explicado que la moción del Partido Popular solicita además a la Junta que modifique las condiciones que regulan la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, ampliando la consideración de beneficiario de las mismas a las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las uniones temporales de empresas y las entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones de trabajadores, de modo especial aquellas que integran el tercer sector.
La concejal popular ha señalado que “una de las ventajas de desarrollar parcialmente los Planes de Empleo en el ámbito de las empresas es que permitiría ampliar el abanico de categorías profesionales respecto de las que se podrían realizar contratos laborales, dado que actualmente los ayuntamientos se encuentran limitados legalmente en este sentido, al no poder formalizar contratos en aquellas categorías que sean equivalentes a los puestos de trabajo que con carácter previo son desempeñados por personal empleado público de la entidad”.
Además, Rosa González de la Aleja ha explicado que “con nuestra propuesta abrimos la posibilidad al sector privado para que pueda optar a las ayudas del Plan de Empleo, y si el trabajador y la empresa estiman continuar la relación laboral de modo indefinido, ayudar a pagar el coste de las cuotas de seguridad social del primer año”.
La concejal popular ha hecho referencia al anuncio del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el que señalaba la puesta en marcha un nuevo Plan de Empleo para la región, dotado con 94 millones de euros, del que podrían beneficiarse hasta 12.000 personas desempleadas, señalando que “ante este anuncio nosotros optamos porque el 50 por ciento de los fondos destinados al mismo sean destinados a autónomos, pymes, agricultores y ganaderos, pues son los motores de la generación de empleo, y si los contratos se convierten en indefinidos, se propone una ayuda para bonificar doce cuotas de la Seguridad Social”.
En opinión de González de la Aleja, “esto permitirá que los trabajadores que no hayan tenido ninguna experiencia en el mercado laboral la adquieran, y que los empresarios tengan la posibilidad de contactar con demandantes de empleo preparados que al terminar el Plan de Empleo puedan permanecer de forma estable en sus plantillas”.
Por último, el Partido Popular solicita en su moción al Gobierno regional establecer una ayuda directa para los beneficiarios de las referidas ayudas, consistente en el pago de una cantidad equivalente al importe íntegro de las cuotas de seguridad social del primer año de contrato, por cada trabajador que, al amparo de la iniciativa anterior, prolongue su relación laboral con la entidad contratante que decida transformar los contratos de duración determinada de los trabajadores, en contratos indefinidos, de acuerdo con la reforma de la legislación laboral recientemente aprobada.