La Ley de la Viña y el Vino de C-LM entrará en vigor en 20 días, tras su publicación este jueves en el DOCM

En su defensa, el Gobierno regional alega que esta normativa llega justificada por la importancia del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, el más significativo del sector agroalimentario por sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, territoriales, culturales y patrimoniales, que supone cerca de un cinco por ciento, por sí mismo, del Producto Interior Bruto de la Comunidad.

El Plan Estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha de febrero de 2019, analizaba la situación del sector regional y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo, incluyendo la creación de esta normativa, que según el Ejecutivo regional, es "resultado de trabajo del sector y con la academia de Castilla-La Mancha, con nuestra universidad pública".

En la nueva normativa, articulada en 60 artículos, se incluyen nuevas menciones en el etiquetado, distintas a las que se han tenido hasta ahora, como topónimos de mayor o menor ámbito que la indicación geográfica donde se encuentre la bodega. De manera particular, el nuevo concepto de 'vino de finca' se incluye por primera vez en España en una normativa, lo que permitirá elaborar por primera vez el vino con cepas de una bodega dentro de la misma denominación de origen, incluyendo este concepto y el de la DO en el etiquetado.

De igual modo, en esta ley quedan reflejadas la autorización de nuevas variedades de vid en Castilla-La Mancha; se incluye prácticas enológicas que no estaban reguladas hasta ahora o la creación de una interprofesional del vino regional a petición del propio sector.

El texto castellanomanchego apuesta por digitalización y por primera vez en esta misma campaña va a haber digitalización en los libros de bodega, algo que se va a ir incrementando, dentro del trabajo en esta línea impulsado por el Gobierno de la mano con la Universidad regional para que llegue a todo el sector la aplicación de la tecnología Blockchain para identificar los productos desde el consumo al origen con un código QR.

Publica en el DOCM la ley que agiliza proyectos de energías renovables en C-LM, en vigor en 20 días

La Ley de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables en Castilla-La Mancha entrará en vigor en 20 días, tras su publicación este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Este texto, aprobado con la mayoría del PSOE en el pleno de las Cortes del pasado 28 de julio, contó con la abstención del PP y el rechazo de Cs.

Con dos artículos y siete disposiciones, el texto alude al Real Decreto-ley del 29 de marzo de este año, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Esta norma establece en su capítulo III medidas con vigencia temporal para la agilización de los proyectos de energías renovables con la finalidad de acelerar la descarbonización y reducir la dependencia energética.

La presente ley regula la aplicación inmediata en Castilla-La Mancha, con la misma vigencia temporal, del procedimiento de determinación de la afección ambiental para proyectos de energías renovables establecido en el referido Real Decreto ley, añadiendo sendas disposiciones adicionales a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y al Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, salvaguardando el rango reglamentario de esta última disposición.

Asimismo, incorpora tres disposiciones finales para la modificación de algunos preceptos de leyes aprobadas o modificadas recientemente por la Comunidad Autónoma que han suscitado discrepancias de carácter competencial por parte de la Administración General del Estado y que han sido resueltas de manera amistosa a través del mecanismo de la Comisión Bilateral de Cooperación, previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.