A finales de agosto, la Guardia Civil comenzó a investigar el robo de dos vehículos, herramientas y casi un kilómetro de cableado eléctrico de una empresa en la localidad de Bétera (Valencia). En esa ocasión, el valor de los efectos sustraídos y los daños ascendió a más de 180.000 euros.
Posteriormente, los investigadores comprobaron cómo existía un grupo organizado formado por personas de un mismo clan familiar dedicado al robo de cobre en empresas e instalaciones que hacían uso del mismo como depuradoras, estaciones de tren o cuadros de luz de grandes edificaciones.
Los autores acostumbraban a hacer pintadas con spray en los lugares que asaltaban donde se autodenominaban 'La Mafia del Cobre' y donde retaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También lo hacían a través de sus redes sociales, adjudicándose oleadas de robos, entre los cuales había una quincena de depuradoras. Dejaron sin servicio a un gran número de habitantes de distintas poblaciones de Valencia y Castellón.
El clan tenía una fuerte jerarquía: las personas más mayores, entre ellas el patriarca del clan, realizaban funciones de dirección, recibiendo los bienes sustraídos y adjudicando a cada miembro su parte del botín. Eran los encargados de establecer la operativa, de coordinar al escalón de ejecución y al escalón de apoyo.
El escalón de ejecución era el encargado de perpetrar materialmente los delitos y de hacer llegar al escalón de dirección los bienes fruto de los robos. Por su parte, el escalón de apoyo se encargaba de conseguir los domicilios, los teléfonos y demás útiles con los que efectuar los hechos delictivos. Por último, se encontró un escalón de receptación, encargado de la venta irregular de los bienes sustraídos a cambio de dinero.
Los hijos de los miembros del clan se encontraban sin escolarizar, siendo adiestrados desde edades muy tempranas en las labores propias de la organización criminal. De ellos dependía el futuro del clan, en tanto que eran el recambio generacional, han explicado las mismas fuentes.
A lo largo de la investigación se pudo acreditar la comisión de más de 75 delitos de robo con fuerza en las provincias de Valencia, Castellón, Cuenca, Albacete y Murcia, donde los daños y efectos sustraídos alcanzaban los dos millones de euros.
Finalmente, a mediados de este mes de octubre se realizaron seis registros, cinco en domicilios y uno en una nave industrial utilizada para la ocultar y tratar los bienes sustraídos. También se inspeccionó y precintó una instalación de tratamiento de residuos donde se vendía mercancía sin cumplir la normativa aplicable. Se lograba así determinar la responsabilidad de todos los delitos y actores: desde el robo hasta la venta irregular de las mercancías.
En los registros se detuvo a un total de seis hombres, de entre 46 y 19 años, y se ha investigado a un menor de edad. También se han intervenido 1,5 toneladas de cobre, 300 cajas de material de fontanería, herramientas profesionales de construcción valoradas en 70.000 euros, cinco vehículos valorados en unos 30.000 euros, dos dispositivos de descargas eléctricas (táser), tres armas blancas de grandes dimensiones y herramientas de cortado de cobre valoradas en unos 5.000 euros. De los hechos conoce el juzgado de Instancia e instrucción número 2 de Llíria.
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