Así lo ha manifestado el abogado de una de las víctimas que, en declaraciones a medios, ha manifestado que "el procedimiento o análisis de la situación no se ha revisado" a la vez que ha insistido en que el acusado "es responsable civilmente". Se señalará una nueva fecha para la vista para que la Junta se persone en la causa.

P.R.R. está acusado de agredir sexualmente a sus sobrinas políticas de 7 y 11 años, a las que tutelaba junto a su esposa, entre los años 2010 y 2019.

Según el escrito del fiscal, las jóvenes "provienen de una familia de origen totalmente desestructurada, multiproblemática y en situación de exclusión social, viviendo desde corta edad múltiples cambios de entorno, con una atención y supervisión materna deficientes, existiendo múltiples factores de riesgo, que derivaron en que tuvieran que ser tuteladas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha" para, posteriormente, ser acogidas por sus tíos.

El acusado, según el escrito de la Fiscalía, decía a las menores que "les estaba dando comida, cama, las tenía acogidas y ellas tenían que cumplir", además de aprovechar cualquier situación de castigo para "decirles que si le realizaban una masturbaban o le practicaban una felación les levantaría el castigo".

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de prisión de 24 años por dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, así como una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante 20 años. Además, pide indemnizar a cada una de las víctimas con 30.000 a euros por el daño moral causado.