La Asociación de Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha ha manifestado su enérgico rechazo ante la reciente campaña que circula en redes sociales, centrada en un alumno de primero de Educación Primaria del CEIP 'Pedro Melendo García', ubicado en Olías del Rey, Toledo. La organización critica el uso de un lenguaje alarmista y carente de rigor, lo que ha generado una reacción desproporcionada que se traduce en mensajes de odio y violencia verbal dirigidos hacia un menor de seis años con necesidades específicas de apoyo educativo.
Este conflicto surgió tras la denuncia presentada por la madre de una niña de 6 años, quien alegó haber sido víctima de episodios violentos por parte del mencionado alumno, quien se incorporó al centro en septiembre. La Consejería de Educación ha defendido su actuación, asegurando que han respondido "de manera inmediata y continuada" desde que la Inspección tuvo conocimiento de los hechos.
Derechos y dignidad infantil
La asociación sostiene que exponer públicamente a un niño en tales circunstancias no solo infringe los principios fundamentales de protección a la infancia, sino que también compromete su derecho al honor, a la intimidad y a la dignidad personal. Esto es especialmente relevante cuando se trata de un menor que requiere una respuesta educativa adaptada a sus necesidades.
A pesar de las críticas sobre la inclusión educativa, la asociación afirma que el alumno señalado cuenta con apoyo especializado durante toda su jornada escolar. Tras consultar con la dirección del centro y con la Delegación Provincial de Educación, han confirmado que se han activado todos los recursos humanos y medidas organizativas necesarias para asegurar tanto la seguridad del alumnado como el derecho a una educación inclusiva del menor involucrado.
Impacto negativo en redes sociales
Desde la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa advierten que la publicación inicial ha desencadenado una serie de comentarios en redes sociales que atentan gravemente contra la dignidad infantil. Se han detectado expresiones despectivas y deshumanizadoras dirigidas a un menor, así como asociaciones infundadas entre diversidad funcional y supuesta conflictividad.
Estos discursos carecen de fundamento y contribuyen a reforzar estereotipos dañinos, además de estigmatizar situaciones que deberían ser abordadas desde un enfoque técnico y educativo, no mediante juicios sociales. La exposición pública del niño en estos términos representa un señalamiento incompatible con los principios protectores que deben amparar a los menores, particularmente aquellos en situaciones vulnerables.
Un derecho fundamental
La asociación concluye enfatizando que la educación inclusiva no es una opción discrecional, sino un derecho reconocido en el marco jurídico español y un principio fundamental dentro del sistema educativo. Su implementación efectiva debe basarse en criterios técnicos, proporcionalidad y respeto hacia la dignidad de todos los alumnos.
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