El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la creación de los reconocimientos 'Responsabilidad Demográfica Castilla-La Mancha', una iniciativa destinada a honrar a quienes están comprometidos con la lucha contra la despoblación en la región. Esta medida se detalla en una orden publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, donde se especifican las bases para este reconocimiento. El plazo para presentar candidaturas comenzará este viernes.
De acuerdo con la normativa, estos reconocimientos podrán ser otorgados tanto a individuos como a colectivos, abarcando a personas físicas y jurídicas, grupos afectados y entidades sin personalidad jurídica, así como a las entidades locales de Castilla-La Mancha.
Fomento de buenas prácticas
La distinción 'Responsabilidad Demográfica Castilla-La Mancha' se concederá anualmente y tiene como objetivo promover buenas prácticas desde iniciativas públicas y privadas que contribuyan al desafío demográfico y al desarrollo sostenible de las áreas rurales afectadas por la despoblación. Esta información fue proporcionada por el Ejecutivo autonómico en un comunicado de prensa.
Además, busca reconocer el esfuerzo realizado por los beneficiarios para hacer que estas zonas rurales sean más atractivas para vivir, trabajar e invertir. Se espera que su ejemplo motive a otras administraciones, empresas y ciudadanos a seguir esta senda.
Candidaturas telemáticas
Según lo estipulado en la orden, el periodo para presentar candidaturas para los Reconocimientos a la Responsabilidad Social Demográfica Rural de Castilla-La Mancha 2026 se abrirá el 20 de marzo y cerrará el 20 de mayo del mismo año. Las solicitudes deberán dirigirse al Comisionado de Reto Demográfico y presentarse exclusivamente de manera telemática con firma electrónica mediante el formulario habilitado en la Sede Electrónica de la Administración regional (jccm.es).
Esta iniciativa está respaldada por la Ley de Medidas contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, vigente desde 2021 y considerada pionera en el ámbito nacional. La ley otorga a la administración castellanomanchega la responsabilidad de realzar la imagen y reputación del medio rural, promoviendo las ventajas sociales y económicas que ofrecen estas áreas.
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