Castilla-La Mancha destina 12 millones a seguros agrarios para el Plan 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido aumentar en 1,5 millones de euros la nueva convocatoria de seguros agrarios para el Plan 2026, alcanzando un total de 12 millones de euros destinados a este fin durante el presente año. La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, destacó la creciente relevancia que tienen los seguros agrarios en el sector primario de la región, especialmente ante las amenazas derivadas del cambio climático.

Padilla subrayó que este aumento refleja que "esa política ya no es accesoria, es estructural para la viabilidad de muchas explotaciones en la región". Según sus declaraciones, la crisis climática impacta directamente en las cosechas y en la renta agraria, afectando así la seguridad económica de numerosas familias.

Nueva convocatoria de ayudas

Con el fin de atender las necesidades de los agricultores, el Ejecutivo publicará esta semana una nueva convocatoria de ayudas. Esta iniciativa busca facilitar a los agricultores y ganaderos la protección de sus explotaciones frente a pérdidas que, en muchas ocasiones, serían insostenibles sin apoyo.

Además, Padilla recordó que los beneficiarios recibirán esta ayuda al momento de suscribir el seguro, lo cual representa un cambio significativo respecto a convocatorias anteriores donde debían adelantar el dinero. La portavoz enfatizó que lo más importante es que "nuestros productores se sienten más protegidos y con más confianza para invertir", gracias a la red de protección proporcionada por estos seguros y el respaldo del Gobierno.

Beneficios para los profesionales del campo

Se estima que más de 23.000 profesionales del campo se beneficiarán de estas ayudas directas, constituyendo una herramienta estratégica para salvaguardar tanto el tejido agrario como la seguridad alimentaria. Padilla también hizo hincapié en la evolución positiva de estas ayudas desde 2015, señalando que con esta nueva convocatoria se alcanzan 82 millones de euros en inversión acumulada, lo que representa un crecimiento superior al 186%.

"En 2015, con el anterior gobierno del PP, solo se destinaban 4,5 millones a estas ayudas; nosotros hemos incrementado notablemente esa cifra hasta llegar a los 12 millones este año", afirmó Padilla. Este aumento contrasta con las políticas del Partido Popular que redujeron a la mitad el presupuesto destinado a esta medida esencial.

Crisis climática y su impacto

La portavoz también recordó que 2025 fue uno de los años más difíciles en la última década, con más de 332.000 hectáreas siniestradas, lo cual evidencia que el seguro agrario es ahora una necesidad estructural. Las indemnizaciones superaron los 101 millones de euros, un incremento del 19% respecto al año anterior, siendo el pedrisco el principal factor de riesgo.

A lo largo de esta legislatura, las indemnizaciones abonadas han rondado los 373 millones de euros, consolidándose como el mecanismo principal para hacer frente a crisis climáticas. "Los datos son claros: el seguro agrario no es una opción secundaria sino una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad del sector primario", concluyó Padilla.

Nuevas regulaciones en sanidad animal y caza

Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado un decreto que regula la formación en sanidad animal e higiene en la caza. Esta medida busca mejorar la seguridad y profesionalización dentro del sector cinegético. Según Padilla, "damos un paso adelante para ordenar mejor una actividad muy presente en nuestra región". La caza representa alrededor del 1,7% del PIB regional y genera cerca de 600 millones de euros anuales, además de crear aproximadamente 14.000 empleos directos e indirectos.

El nuevo decreto cumple con compromisos adquiridos en el Pacto por la Caza y refuerza el apoyo institucional hacia esta actividad estratégica para el medio rural. Establece que quienes participen en actividades cinegéticas deberán contar con formación específica en sanidad e higiene para asegurar prácticas responsables y adecuadas.

Cursos formativos especializados

A través de este decreto se impartirán cursos específicos de 28 horas enfocados en mejorar conocimientos sobre especies cinegéticas y normativas relacionadas con su manejo adecuado. Esto incluye aspectos críticos como manipulación, transporte y evisceración.

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