El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, participó este lunes en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Diputación de Valencia.
Durante este encuentro se discutieron propuestas fundamentales para fortalecer el municipalismo, asegurar la equidad territorial y proporcionar a las administraciones provinciales herramientas más efectivas para apoyar a los ayuntamientos, especialmente aquellos ubicados en áreas rurales.
Financiación justa y autonomía local
Uno de los temas centrales abordados fue la necesidad de una financiación local adecuada, justa y adaptada a las realidades territoriales, así como la defensa de la autonomía local. En este contexto, Cabañero apoyó el impulso hacia el reconocimiento legal de las diputaciones como "entes de cohesión territorial", destacando su papel crucial en la asistencia y coordinación con municipios que tienen menos recursos.
“El municipalismo y las diputaciones son elementos esenciales del Estado y de la vida cotidiana”, afirmó Cabañero. “Sin una financiación apropiada que refleje los servicios prestados y las características territoriales, no se puede garantizar ni la cohesión social ni la igualdad de oportunidades entre quienes residen en áreas rurales y quienes lo hacen en grandes ciudades”.
Retos demográficos y propuestas concretas
El reto demográfico también fue un punto clave en la agenda del Gobierno liderado por Cabañero, especialmente relevante para provincias como Albacete. Entre las iniciativas discutidas se incluyó la creación de un Fondo Provincial de Nivelación Territorial, destinado a asegurar servicios básicos en municipios pequeños; un plan permanente para asistencia técnica y financiera dirigido a localidades con menos de 5.000 habitantes; así como garantizar financiación específica para movilidad rural y conectividad digital.
Además, se propuso incorporar una “cláusula rural” en los procesos de contratación pública que permita integrar criterios sociales y territoriales. La importancia de que la legislación estatal incluya una perspectiva realmente rural también fue subrayada por Cabañero, quien enfatizó que “nuestros pueblos requieren recursos, herramientas y sensibilidad normativa diferenciada para seguir siendo espacios viables y llenos de oportunidades”.
Agilización administrativa
Otro tema relevante tratado fue la necesidad urgente de reducir los obstáculos burocráticos que afectan principalmente a los pequeños ayuntamientos. Los representantes provinciales discutieron modificaciones a la Ley de Bases del Régimen Local que facilitarían la colaboración supramunicipal en trámites administrativos, agilizando procedimientos como licencias urbanísticas o ejecución de obras.
Dichas modificaciones permitirían a las diputaciones ofrecer mayor asistencia técnica especializada, acortando plazos de tramitación y evitando retrasos estructurales. También se analizaron reformas orientadas a modernizar la gestión económica local, incluyendo cambios normativos que permitan crear fondos sin personalidad jurídica, lo cual facilitaría mecanismos financieros más ágiles e innovadores.
Impacto normativo en los ayuntamientos
A lo largo del encuentro se puso énfasis en mejorar la gestión pública mediante modelos de contratación centrados en el impacto social. Se expresó preocupación por cómo ciertas leyes podrían afectar a los ayuntamientos más pequeños, particularmente sobre normativa relacionada con el bienestar animal. Se destacó que cualquier nueva obligación debe ir acompañada por los recursos necesarios para su cumplimiento.
En conclusión, durante esta sesión se reafirmó el papel esencial que desempeñan las diputaciones al garantizar servicios básicos en el medio rural, apoyar a municipios con menos recursos y contribuir a vertebrar el territorio. “Las diputaciones somos parte fundamental para abordar muchos retos importantes del país, desde la despoblación hasta la prestación efectiva de servicios públicos”, concluyó Cabañero. “Para continuar cumpliendo esta función necesitamos financiación adecuada, herramientas eficaces y un marco normativo sensible a nuestra realidad territorial”.
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