de localidades de las provincias de Guadalajara y Toledo y de la Comunidad de Madrid.
El objetivo de los detenidos era facilitar la obtención de la tarjeta de residencia en la Unión Europea a ciudadanos que estaban en situación irregular, un trámite por el que pagaban más de 13.000 euros, según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía.
Asimismo, ha indicado los dieciocho arrestados eran clientes de una organización criminal dedicada a celebrar matrimonios ilegales para la obtención de la tarjeta de familiar comunitaria y, de ésta manera, garantizarse la residencia legal en toda la Unión Europea.
Todos los detenidos están acusados de hacerlo a sabiendas de la ilegalidad que supone, según la Policía.
En la mayoría de los casos los matrimonios se producían entre ciudadanos egipcios que vivían en París en situación irregular y ciudadanas españolas, y se celebraban en Juzgados de Paz de diferentes localidades la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo.
La investigación comenzó a principios de 2015, cuando los agentes de la Brigada de Extranjería detectaron varias irregularidades en la documentación aportada por diversos solicitantes de tarjetas de residencia ante la Delegación del Gobierno en Madrid.
Les resultó llamativo el incremento de solicitudes por parte de ciudadanos egipcios casados con mujeres españolas de etnia gitana, y que todos los expedientes aportaran el mismo empleador como justificante de un contrato laboral.
Los hombres que solicitaban este documento vivían en París, ha precisado la Policía.
La investigación permitió identificar a la banda y detener a sus principales líderes: ciudadanos egipcios que llegaban a cobrar hasta 13.000 euros a sus compatriotas en Francia para concertarles los matrimonios con mujeres españolas.
La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
La Policía ha destacado que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid ha detenido a 138 personas desde enero de 2015 por esta práctica ilegal.
Entre ellos hay 128 personas que actuaron como contrayentes, a las que se imputó un delito de falsedad documental, así como otras diez a las que también se imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y un delito de pertenencia a organización criminal.
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