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El Tribunal de Cuentas tendrá listo en enero su primer informe de fiscalización sobre las cuentas de C-LM del 2012

martes 15 de julio de 2014, 11:46h

El consejero del Tribunal de Cuentas Ángel Algarra ha manifestado que, tras asumir las competencias de la extinta Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, este organismo podrá tener listo su primer informe sobre la fiscalización de las cuentas de la Comunidad Autónoma del año 2012 a finales del mes de enero del año próximo.

A preguntas de los medios tras recibir de manos del presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado, la documentación que estaba depositada en la Sindicatura de Cuentas, Algarra ha detallado que en el mes de noviembre estará listo el primer borrador y se podrán presentar alegaciones.

Tras este primer trámite y un periodo de observación, ha asegurado que a finales del mes de enero este informe será público a través de la página web del propio Tribunal de Cuentas.

Este será el primer informe sobre las cuentas de la región del que se hará cargo el Tribunal de Cuentas, después de que el pasado mes de abril se consumara en el Parlamento castellano-manchego la supresión de la Sindicatura de Cuentas.

Ángel Algarra ha explicado que la recepción de la documentación por parte del Tribunal de Cuentas corresponde a un acto de "absoluta normalidad", subrayando que en el futuro se recibirá además el material relativo a la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo primer ejercicio a fiscalizar por parte del Tribunal será el de 2013.

Ha detallado que el departamento de comunidades autónomas que él dirige llevará a cabo este trabajo con los mismos recursos con los que cuenta hasta ahora, poniendo el acento en que en los dos años de vida con los que cuenta su división se han aprobado informes que venían del año 2007.

"Este año nos ponemos al día, hemos aprobado casi en cinco años trabajo que no nos correspondía haciendo un esfuerzo, y ahora ese esfuerzo adicional que no hay que hacer se lo dedicaremos a Castilla-La Mancha", ha señalado.

Algarra ha incidido en que su departamento no solo se dedica a hacer fiscalizaciones de cuentas generales, sino también otros "aspectos concretos" de las comunidades autónomas, como los informes sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.

En este sentido, ha recalcado que el próximo día 24 de julio presentará al pleno de su departamento las directrices de las técnicas de fiscalización de gastos realizados por las comunidades autónomas en el ámbito de su representación en el extranjero, algo que afecta a todas las regiones.

"Espero que tenga el mismo éxito que los informes sobre Dependencia", ha dicho Algarra, que se ha mostrado confiado en que el Tribunal de Cuentas esté "capacitado" para afrontar este trabajo.

En todo caso, ha reconocido que dentro del organismo hay "deficiencias" en el número de empleados, ya que hay plazas que no se han cubierto, lo que hace que haya menos "capacidad de hacer nuevas fiscalizaciones".

"Desde que accedí al Tribunal de Cuentas no ha habido ninguna oferta de empleo, pero el hecho de que los funcionarios sean capaces de haber dado salida a un enorme retraso abunda en la idea de que su cualificación es elevada", ha enfatizado.

 Por su parte, el presidente de las Cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado, ha puesto en valor esta primera toma de contacto con el Tribunal de Cuentas para el traspaso de poderes de fiscalización, recordando que este Parlamento suprimió la Sindicatura de Cuentas con un criterio de racionalización.

"Todo viene de algo conceptual, que se entendía que había que hacer para una Administración más racional, eficaz, donde se eviten duplicidades", ha explicado.

En esta línea, ha recordado que ya se suprimió el Defensor del Pueblo y que la próxima semana se cambiará la ley electoral de la región para reducir el número de diputados.

Por ello, ha subrayado que "lo importante es que los ciudadanos tengan la completa seguridad de que todo se fiscaliza correctamente y que tengan la idea de una administración justa, racional, sostenible y equilibrada".

Por último, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha asegurado que con este traspaso de poderes se tendrá el "máximo control de la legalidad" para cumplir un objetivo de "credibilidad, confianza y transparencia, siendo fiables en la gestión de lo público".

"Para ello ya hicimos la ley de estabilización presupuestaria, la orden de control de facturas o el registro monitorizado en tiempo real desde la Consejería de todo, reforzando la función interventora", ha acentuado.

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