Generales para el Ejercicio 2016 tanto para Castilla-La Mancha, como para la provincia de Albacete, calificando de “una pena” que la mayor partida presupuestaria del Estado sea para “almacenar basura nuclear” en la Comunidad Autónoma, y “relativamente cerca de Albacete”.
Ruiz Santos subrayó que el Gobierno central quiere instalar un cementerio nuclear en el corazón de Castilla-La Mancha, y próximo a todas las provincias de la región.
En relación a estos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, Ruiz Santos también apuntó que “esperábamos mucho más”, especialmente porque el Gobierno de Rajoy prometió unas cuentas e inversiones que iban a ser “expansivos, netamente sociales, y en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, y nos encontramos que “sólo benefician a una sociedad, que se llama ENRESA”.
Sobre el futuro ATC, el delegado provincial de la Junta remarcó que “el Gobierno regional está trabajando para que este almacén de residuos nucleares no sea una realidad en Castilla-La Mancha.
Valoración sobre las cuentas estatales en Albacete y provincia
Por otro lado, sobre las partidas presupuestarias relacionadas con infraestructuras en la ciudad de Albacete, el delegado de la Junta de Comunidades, destacó la futura construcción de la Ciudad de la Justicia, -que contará con 25 millones para los futuros años-, y la “demandada” Autovía Linares-Albacete, sin embargo, -añadió-, desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha hubiésemos deseado partidas para el mantenimiento y mejora de carreteras, de la línea ferroviaria, y una mayor “inversión social”.
“Suben ligeramente los Presupuestos Generales del Estado en Castilla-La Mancha por culpa de una Autovía y el ATC”, afirmó Ruiz Santos, que declaró a los medios de comunicación que “el Gobierno de España, como en los últimos años, demuestra que tiene olvidada a la región y a la provincia de Albacete”.
Reunión con Stop Deshaucios
Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en funcionamiento en las próximas semanas, una Oficina Regional de Atención a Situaciones de Desahucio, con servicios provinciales vinculados a este organismo, y que dependerá de la Consejería de Fomento.
Así lo adelantó, el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante una reunión con la Comisión Negociadora de la Plataforma Stop Desahucios de Albacete, donde remarcó que esta problemática “trasversal” tiene también dimensiones de carácter social, que serán abordadas por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con estos movimientos ciudadanos, y con los propios afectados.
“Para solucionar el problema de los desahucios debemos trabajar conjuntamente desde diferentes visiones, ámbitos y actuaciones”, afirmó Ruiz Santos, que enumeró además del compromiso del Gobierno regional a través de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo; y de la propia Consejería de Bienestar Social; el importante papel que deben desempeñar los servicios jurídicos, y una línea de concertación con las entidades financieras.
Ruiz Santos subrayó que el desahucio “tiene otras fórmulas para que no sea la última alternativa”, y apuntó que “los impagos no son por voluntad propia y que detrás hay otras causas”.
Compromiso de Investidura y otras líneas de actuación
La Plataforma Stop Desahucio valoró positivamente la futura puesta en marcha de esta Oficina regional de Coordinación y Asesoramiento, una herramienta que según, Manuel García, representante de la Comisión Negociadora, debería tener respuesta en Diputaciones y Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, al igual que la utilización de los servicios jurídicos para “desactivar estos dramas y situaciones”.
Desde la Plataforma Antidesahucios se recordó la importancia que tuvo este asunto en el Discurso de Investidura del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, así como en el acuerdo alcanzado por el PSOE y Podemos Castilla-La Mancha, para fijar una alternativa de alquiler social y evitar desahucios, sin que la propia Administración regional haya intermediado.
La Comisión Negociadora de este Movimiento Asociativo trasladó al Gobierno regional, una serie de propuesta en materia de desahucios, como la participación de los agentes sociales en la Oficina Regional, cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, constituir un fondo social de viviendas, la colaboración de la Administración de Justicia, e instar a las empresas a resolver los problemas de pobreza energética.
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