El Supremo obliga a Puertollano a indemnizar con 405.000 euros a una guardería cerrada por falta de rentabilidad

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que obliga al Ayuntamiento de Puertollano a indemnizar con 405.807 euros a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea. Esta decisión se produce tras la renuncia de la empresa al contrato de concesión por 50 años para el uso privativo de una parcela donde operaba su guardería, cerrada debido a la falta de rentabilidad.

El concejal de Hacienda, Andrés Gómez, anunció la resolución durante el pleno municipal celebrado este jueves, donde incluyó el monto de la sentencia en una modificación de créditos por un total de 2,6 millones de euros. Esta modificación tiene como objetivo principal amortizar hasta un 94% de la deuda del consistorio.

Contexto y Reclamaciones

En abril de 2024, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior, emitida el 11 de octubre de 2022. Los magistrados respaldaron a Dulcinea, que había solicitado inicialmente una indemnización mayor—671.755 euros—por las obras realizadas, argumentando que los ingresos generados no cubrían sus inversiones. La empresa había renunciado unilateralmente a la concesión el 31 de agosto de 2018, solicitud que fue rechazada por el consistorio.

Los jueces fundamentaron su decisión en precedentes judiciales similares y señalaron que existía una "laguna regulatoria" en el pliego que rige esta concesión. Este documento contemplaba la posibilidad de extinción del contrato sin especificar motivos ni efectos claros ante una renuncia del contratista.

Cierre y Consecuencias

Dulcinea había recibido desde 2007 una cesión de suelo público por medio siglo y un simbólico canon anual de 50 euros. Durante su funcionamiento, más de 750 niños fueron atendidos por más de 100 educadores infantiles. Desde su cierre, las instalaciones han sufrido al menos dos incendios.

En otro tema abordado en el pleno municipal, se aprobó un expediente para modificar créditos por un total de 2.610.807,33 euros, destinado a cubrir diversas necesidades económicas del municipio. Entre estas se incluyen los 405.807 euros para cumplir con la sentencia relacionada con Dulcinea y otros fondos para programas sociales y amortización de préstamos.

Nueva Moción sobre Herbicidas

Aparte del asunto financiero, el pleno también dio luz verde a una moción presentada por el grupo socialista para desarrollar un Plan Municipal que busque reducir progresivamente el uso de herbicidas en espacios públicos. Este plan tiene como objetivo establecer metas concretas para disminuir estos productos en parques y zonas verdes urbanas, priorizando criterios relacionados con la salud pública.

No obstante, las sesiones plenarias no estuvieron exentas de tensiones entre los grupos políticos. El alcalde Miguel Ángel Ruiz y el concejal socialista Francisco José García intercambiaron reproches sobre cuestiones reglamentarias durante un acalorado debate.

Tensiones Políticas

Durante el turno dedicado a ruegos y preguntas, García mencionó que el Consejo Regional de Transparencia había instado al Ayuntamiento a actualizar su Portal con información sobre las retribuciones públicas. Según datos revelados, se señala que la retribución bruta anual del alcalde asciende a 76.318,76 euros, cifra que fue cuestionada por García al considerar que contradice promesas anteriores del alcalde sobre su salario.

A esto, Ruiz respondió negando tales cifras y afirmando recibir algo más de 50.000 euros, además mencionó haber reducido su sueldo al inicio del mandato. En medio del intercambio verbal tenso, ambos políticos se lanzaron acusaciones sobre modales y educación en sus intervenciones.

La noticia en cifras