La ley de Contratos del Sector Público, analizada en unas jornadas de FEACEM, como modelo de integración de empleo

y que se ha celebrado esta mañana en la Facultad de Derecho con la asistencia del presidente de esta asociación en Castilla-La Mancha, Pedro J. Saéz; el secretario general de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Carlos Barrios; la directora del vicerrectorado de transferencia e innovación, Rosario, Pérez; la diputada provincial, María Victoria Leal y el concejal del Ayuntamiento de Albacete, Julián Garijo.

El objetivo de esta jornada era analizar el nuevo modelo de contratación pública, especialmente por la introducción en los contratos de cláusulas de carácter social, como puede ser la contratación de personas con discapacidad.

En la nueva legislación se obliga a a todos los poderes públicos a utilizar en la contratación pública y en todas sus fases la inclusión de objetivos sociales y medioambientales y también regula los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.

El presidente regional de FEACEM, Pedro J. Sáez, afirmó que el nuevo marco legislativo incluye medidas sociales innovadoras y subrayó la importancia de que la contratación pública, que puede llegar a ser el 18% de nuestro PIB, pueda ser utilizada para romper barreras y servir de modelo de integración para el empleo.

Por su parte la diputada provincial, María Victoria Leal, felicitó a FEACEM porque en su opinión, resulta muy necesario el que se conozca la letra pequeña de una nueva Ley de Contratos del Sector Público que es una enorme oportunidad para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En este sentido informó que la Diputación de Albacete tiene la intención de aplicar cláusulas sociales en sus contratos y primará especialmente que esos objetivos sociales estén relacionados con la integración socio-laboral de las personas con discapacidad.

Leal recordó que la institución provincial lleva mostrando desde hace tiempo su preocupación por aplicar este tipo de iniciativas, ya que la introducción de criterios o cláusulas sociales es habitual desde hace años en pliegos públicos, en principio como criterios de desempate y posteriormente, y a raíz de un acuerdo plenario del año 2016, directamente como criterios de valoración.

La diputada provincial explicó que de acuerdo con el nuevo marco normativo en Diputación nos hemos marcado una estrategia con tres objetivos principales: la formación en los equipos humanos de los ayuntamientos de la provincia en el nuevo marco normativo y en el funcionamiento de las nuevas herramientas informáticas de la Plataforma de Contratos del Sector Público y Plataforma de Licitación Electrónica;el acompañamiento en el proceso de utilización de las nuevas herramientas y de interpretación de la normativa y la adaptación de las herramientas de la plataforma de Administración Electrónica (SEDIPUALBA) a las exigencias de la nueva ley, integrándola con la Plataforma de Contratación del Sector Público y con las aplicaciones contables para intentar agilizar la tramitación de los expedientes de contratación.

La diputada provincial quiso felicitar públicamente a los servicios de la institución por el gran esfuerzo que están haciendo en ayudar a los ayuntamientos que por escasez de medios o por su especial complejidad necesiten de que sea la Diputación quien tramite los procedimientos de contratación y creeemos -afirmó- que todo ello configura un sistema de apoyo a la gestión municipal que, sin duda, revertirá en crear valor público para toda la ciudadanía de Albacete y cumpliendo la ley de manera transparente y a la vez eficaz y eficientemente.