Ruiz Molina participó ayer tarde como representante de Castilla-La Mancha en el Comité Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil que se celebró mediante videoconferencia y que estuvo presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Esta convocatoria, que se prolongó durante más de tres horas, se produce de acuerdo con la orden dictada el pasado domingo, 15 de marzo, por Grande-Marlaska, en la que se establecían los criterios de aplicación del Real Decreto del Estado de Alarma en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas -competente en materia de Protección Civil en Castilla-La Mancha- aprovechó esta reunión para trasladar al Ministerio del Interior la importancia de informar a la población de que en ningún caso debe utilizar el teléfono 1-1-2 para resolver dudas en relación con la crisis del COVID-19, ya que puede suponer la saturación de una línea destinada a atender las situaciones de emergencia.
Las llamadas relacionadas con el coronavirus se deben dirigir a las líneas 900 que han habilitado la mayoría de las Comunidades Autónomas para tal fin.
En el caso de Castilla-La Mancha están disponibles dos teléfonos: el 900 23 23 23, en caso de tener síntomas relacionados con el coronavirus; y la línea 900 122 112, si se necesita información sobre el COVID-19.
Igualmente, durante su participación en el encuentro, Ruiz Molina solicitó al Ministerio que, con carácter previo, se informe a las Comunidades Autónomas de la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en determinados puntos de la región, a fin de poder informar a la población de su despliegue.
Finalmente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se sumó a la petición generalizada de las Comunidades Autónomas para que se les faciliten equipos de protección individual (EPI).
Dicha reunión sirvió para constituir el Comité Estatal de Coordinación para la gestión del Estado de Alarma en materia de Protección Civil.
La Orden del Ministerio del Interior del 15 de marzo establece que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias convocaría inmediatamente este Comité, en el que se integrarían los consejeros competentes en materia de protección civil y emergencias de las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como los delegados del Gobierno.