El PP de Albacete pide un protocolo de actuación para la Policía cuando intervenga en viviendas ocupadas

exigir las modificaciones legislativas necesarias para endurecer las penas y apostar por mejorar la formación de los agentes de la Policía Local de cara a la atención a las personas afectadas por este fenómeno creciente.

Así la ha presentado esta mañana el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, que ha recordado que “el problema de la ocupación de viviendas en España crece día tras día y se ha venido agravando por la presencia en el Gobierno de España de partidos que la apoyan abiertamente y otros que pecan de inacción deliberada para no enfadar a sus socios incumpliendo con ello del deber de garantizar al derecho a la propiedad privada que recoge la Constitución Española”.

Navarro ha recordado que aunque la situación en Albacete no es tan grave como en otros lugares de España, nuestra ciudad no es ajena a este fenómeno ya que en las últimas semanas se han vivido intentos de ocupación de viviendas en la urbanización de Casas Viejas que se frenó gracias a la rápida intervención policial.

Navarro ha asegurado que “el problema de la ocupación ilegal se ha convertido en un auténtico infierno para las familias a las que se les usurpa una propiedad que han adquirido con grandes esfuerzos y sacrificios personales en la inmensa mayoría de las ocasiones. Incluso, son varios los casos en toda España donde los ciudadanos se organizan para la expulsión de los ocupas”.

“La desesperación de los legítimos propietarios de esas viviendas crece porque el Estado carece de herramientas legales eficaces para minimizar la ocupación de viviendas y poder restituírselas”, ha señalado. Navarro ha recordado además que la ocupación “va más allá ya que cuenta con ramificaciones y está muy unido a las mafias y a otras actividades delictivas.

El concejal popular ha asegurado que los datos oficiales avalan la necesidad de que exista una modificación legislativa a la mayor brevedad posible teniendo como objetivo final su erradicación y como objetivo a corto plazo minimizarlo ya que solo en los seis primeros meses de 2020 el número de denuncias presentadas en España por ocupaciones de viviendas se eleva a casi 7.500, un 5% más que el año anterior y se estima que en los último siete años ha crecido un 40%. De hecho, Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más está sufriendo esta lacra según los datos del propio Ministerio del Interior que cifra en 300 los casos en nuestra región, la quinta comunidad con peores datos de toda España sólo por detrás de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Se estima que cada día se producen en España 40 ocupaciones, 4 de ellas en Castilla-La Mancha.

Navarro ha explicado que todos estos hechos “hacen más necesario que nunca contar con unas herramientas eficaces para luchar contra esta lacra que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad y que ayude tanto al poder judicial como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a contar con elementos para poder afrontar las ocupaciones con la mayor agilidad posible y que permitan la defensa de los legítimos titulares que se ven privados de su propiedad”. En este sentido, ha asegurado que incluso la Fiscalía General del Estado dictó el 15 de septiembre instrucciones para aclarar matices y buscando agilizar la restitución de las viviendas a sus legítimos propietarios “lo que hace más que evidente la necesidad de una modificación legislativa que aclare todos estos términos e incluso las organizaciones policiales han tachado ya de claramente insuficiente”.

Por todo ello, la moción del Partido Popular estará encaminada a instar al Congreso de los Diputados a que lleve a cabo las reformas legislativas necesarias para agilizar el desalojo de los ocupas y proteger a los afectados por la ocupación. También se reclama a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que implante una oficina de ámbito regional que pueda asesorar tanto a los propietarios de las viviendas como a las propias comunidades de vecinos sobre las medidas que pueden tomar para combatir la usurpación de viviendas y los problemas de convivencia y seguridad que lleva aparejados. Además, Navarro ha recordado que las competencias de la Junta también le permiten actuar a través de los servicios sociales para detectar a las mafias que se benefician de este problema.

Y, tal y como ha explicado Navarro, se apuesta porque el Ayuntamiento cree un protocolo específico para la Policía Local destinado a dar pautas a los agentes para atender las diversas casuísiticas a las que se pueden enfrentar en las actuaciones por ocupación ilegal, así como incrementar la formación que se presta a través de la Escuela de Protección Ciudadana que en estos momentos consta de 7 horas.