La liberación de 7 víctimas de explotación sexual en Toledo, Madrid y Alicante desmantela una red de trata

Según la investigación, la red criminal captaba a sus víctimas aprovechándose de su situación de necesidad, les ofrecían condiciones de trabajo engañosas y luego las obligaban a prostituirse debiendo estar disponibles las 24 horas del día.

Además, las amenazaban si se negaban a ejercer la prostitución y las controlaban mediante cámaras de vigilancia, llegando en algunos casos a encerrarlas en las habitaciones.

La investigación culminó con la liberación de siete víctimas de explotación sexual y la detención de tres personas, dos en Alicante y una en Toledo, por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, pertenencia a grupo criminal, delito contra la salud pública y favorecimiento de la inmigración ilegal. Se ha decretado el ingreso en prisión para dos de los detenidos.

La Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en tres domicilios de Madrid, Alicante y Toledo, en los que se intervinieron un vehículo, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, tres cámaras de videovigilancia, unos 3.000 euros en efectivo, más de dos gramos de marihuana, una balanza de precisión para sustancias estupefacientes y documentación relacionada con la investigación.

DE MURCIA A ALICANTE Y TOLEDO

El entramado criminal se asentaba inicialmente en San Pedro del Pinatar (Murcia), para luego trasladarse a la provincia de Alicante y expandirse a la provincia de Toledo. Captaban a sus víctimas, principalmente de nacionalidad colombiana, tanto en su país de origen como en España, ofreciéndoles condiciones de trabajo engañosas, como ganar unos 1.500 euros a la semana con clientes de alto nivel adquisitivo.

Al llegar a territorio nacional, los implicados obligaban presuntamente a sus víctimas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída por el viaje, imponiéndoles condiciones abusivas. Los integrantes de la red se encargaban de fijar el precio de los servicios sexuales. Además, controlaban a las mujeres a través de cámaras de vigilancia y las amenazaban con palizas si se mostraban reticentes a mantener relaciones sexuales con los clientes.

Las víctimas eran sustituidas cada pocos meses por otras mujeres y ejercían la prostitución bajo multas y cobros por otros conceptos, además del pago del 50 por ciento de lo que obtenían por los servicios sexuales. También debían encargarse de los gastos de manutención e incluso, en ocasiones, los involucrados no les daban ni la mitad de lo obtenido por prostituirse.

COMÍAN UNA VEZ AL DÍA

Las víctimas eran extranjeras en situación irregular, con escasos recursos económicos y falta de arraigo en el país, todo ello con el fin de que tuvieran que someterse a las exigencias que les imponían los implicados. Eran captadas bajo la falsa promesa de obtener dinero para el sustento de sus familias y facilitarles la entrada en territorio nacional. Una vez en España, eran trasladadas en vehículo a una vivienda de San Pedro del Pinatar, donde eran hospedadas.

Allí recibían únicamente la mitad de lo obtenido por los servicios realizados, lo que no ocurría siempre, dado que eran los regentes del inmueble quienes gestionaban los cobros de su explotación. Debían estar disponibles las 24 horas del día, para lo que realizaban una sola comida al día si resultaba necesario. Las salidas del local tenían un carácter muy excepcional.

Estaban aleccionadas para ofrecer a los clientes la posibilidad de adquirir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, al precio de 30 euros el medio gramo, aunque también marihuana. En el caso de que se presentara la Policía, tenían que decir que estaban alquilando habitaciones. Las recluían en la misma habitación, tanto para realizar los servicios sexuales como para dormir, e incluso en ocasiones tenían que compartir la cama.

#CONLATRATANOHAYTRATO

La Policía Nacional, en el marco de su campaña #ConlaTrataNohayTrato, cuenta con la línea telefónica '900 105 090' y el correo electrónico '[email protected]' para facilitar la colaboración ciudadana con el fin de denunciar este tipo de delitos. La llamada es anónima y confidencial y no queda reflejada en la factura telefónica.