Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el consejero de Hacienda y Administraciones, Juan Alfonso Ruiz Molina, momentos antes de inaugurar las jornadas 'El reto del empleo público e inclusivo', donde ha recordado que esta OPE contará con 3.300 plazas, de las cuales 1.500 serán para Sanidad, 800 para Educación y 1.000 para Administración General de la Junta, entre personal laboral y personal funcionario.
Una oferta de empleo público que el consejero ha indicado que tiene como objetivo consolidar el empleo público y reducir las tasas de interinidad, con el fin de que el gasto de personal "en ningún caso" vuelva a ser "elegible" si las condiciones financieras fueran adversas.
"Yo creo que vamos a ser una de las comunidades autónomas con las tasas de interinidad más bajas, precisamente por ese esfuerzo anual de ir aprobando de forma rutinaria ofertas públicas de empleo", ha indicado, para agregar que la Junta seguirá impulsando también "todo lo que tiene que ver" con la discapacidad intelectual.
CAMBIAR UN MODELO QUE NO FUNCIONABA
El consejero ha puesto de manifiesto que el departamento que dirige, junto a Plena Inclusión y Cermi, ha trabajado "de forma concienciuda" para cambiar un modelo que no funcionaba ya que las plazas destinadas a discapacidad intelectual no se cubrían porque los procesos no estaban adaptados a estas personas.
Así, tras la modificación de la Ley de Empleo Público en 2019 y los cambios en los procesos para que se tuviera en cuenta las dificultades que las personas con discapacidad intelectual tienen, el resultado "ha sido satisfactorio".
"Castilla-La Mancha, en este ámbito, tiene un caso de éxito que sería exportable al resto de las administraciones y que, desde luego, está sujeto a todas las mejoras que, incluso, en las jornadas de hoy nos pudieron hacer llegar", ha manifestado.
En este sentido, ha apuntado que en el 2022 ya se incorporaron, con este nuevo proceso independiente, 65 funcionarios con exámenes y temarios adaptados a lectura fácil. "También nos asesoraron cómo debíamos hacer las preguntas de los ejercicios y, una vez que se han incorporado a sus puestos de trabajo, han tenido un proceso de tutelaje durante los primeros meses", ha recordado.
UN 2% "REAL Y EFECTIVO"
De su lado, el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, ha esperado que el cupo del 2% de reserva en los procesos selectivos de la administración sea "real y efectivo" en Castilla-La Mancha para que las personas con discapacidad puedan contar con procesos independientes a la hora de acceder al empleo público.
Asimismo, ha detallado que en esta jornada se va a contar con experiencias también que se están realizando desde hace algún tiempo en otras comunidades autónomas en este sentido, y que se van a poder compartir en consonancia con lo que Plena Inclusión está llevando a cabo.
Ha indicado que queda trabajo por delante por hacer, que Plena Inclusión, que representa a más de 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en toda la región, no puede hacer sola sino en colaboración con los poderes públicos para que la regulación esté adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
Todo ello con el fin de que cuando se hacen ese tipo de convocatorias de empleo público tengan en cuenta "nuestras vicisitudes, nuestras necesidades y que, de alguna manera, también apostemos por que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan obtener un empleo digno, de calidad y que nos garantice las necesidades que todos tenemos en nuestra vida".
COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
De su lado, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha agradecido a Plena Inclusión estas jornadas y ha abogado por trabajar conjuntamente con la Junta para alcanzar ese 2% que la Federación demandaba en los procesos selectivos.
"Estamos hablando de personas, no solamente de exenciones fiscales, que pueden dar mucho a la sociedad y que nos pueden fortalecer", ha indicado Gregorio, para añadir que la FEMP va a trabajar de la mano de la Junta y de las administraciones locales para que esta inclusión "sea efectiva y real".
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