El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el borrador del anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que regula la actividad de los "grupos de interés" o lobbies, propone la creación de un registro de estos grupos y articula un régimen de sanciones.
El documento, facilitado a Efe por fuentes del Gobierno regional, también articula la creación de un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, regula el derecho al acceso a la información pública y define cuál es la información sujeta a publicidad.
En cuanto a los lobbies, el borrador de la ley define los grupos de interés como las organizaciones y personas que, desarrollando sus actividades en Castilla-La Mancha, se dedican profesionalmente a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración de las políticas o disposiciones normativas, en su aplicación o en la toma de decisiones de la Junta o de sus organismos dependientes.
Para facilitar su identificación, el documento propone la creación de un Registro de los grupos de interés, que también servirá para controlar las actividades realizadas ante la Junta y en el que será obligatorio inscribirse si estos grupos pretenden ejercer sus actividades.
La creación de este registro se regulará mediante un reglamento, que también concretará la clasificación de las organizaciones o personas que deben inscribirse, la información requerida a los declarantes, el contenido detallado del código de conducta, el procedimiento de investigación y tramitación de las denuncias y los órganos competentes para la imposición de las sanciones de suspensión y cancelación de las inscripciones.
La ley, compuesta por 5 títulos, 7 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, estipula que también están sujetos a esta norma la administración de la Junta y los organismos y entidades de derecho público vinculadas a ella; las fundaciones públicas y consorcios que se integren en el sector público; la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades que integran la Administración Local.
Estos sujetos de la ley deberán publicar las funciones que desarrollan, la normativa que se les aplica, su estructura organizativa, la sede física y horarios de atención al público, la relación de los puestos de trabajo y los procesos de selección y provisión de personal, entre otros.
Además, los altos cargos de la Junta, como los miembros del Consejo de Gobierno o directores generales, entre otros, deberán publicar sus currículos profesionales y académicos, las retribuciones y dietas percibidas anualmente, los gastos de representación y protocolarios, las declaraciones de compatibilidad y las declaraciones responsables.
Esta declaración responsable deberá ser firmada por los altos cargos antes de tomar posesión del mismo y en ella declararán no haber incurrido en delitos contra la administración pública o contra la hacienda pública o la Seguridad Social, así como su compromiso con el cumplimiento de los principios de buen gobierno.
La nueva norma también incluye un régimen de sanciones, que oscilarán entre los 600 euros y los 12.000 euros, en función de si el incumplimiento el leve, grave o muy grave.
Asimismo, se recoge la creación de un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano con personalidad jurídica propia, adscrito a las Cortes regionales, que desarrolla su actividad con independencia y que se compone de dos órganos colegiados.
Uno de ellos es la Comisión Ejecutiva, formada por la Presidencia y dos portavocías, elegidas por las Cortes regionales por una mayoría de tres quintos, mientras que el segundo es la Comisión Consultiva, en la que están representados miembros de las Cortes, de la Administración autonómica, del Consejo Consultivo, de la Federación de Municipios y Provincias, de la Universidad y de otras entidades representativas.
También regula el funcionamiento del Portal de Transparencia, en el que además de poner a disposición al ciudadano información sobre indicadores relacionados con subvenciones, presupuestos o información financiera, también se publicarán las agendas institucionales de los órganos directivos de la Junta.
Además, recoge normas sobre una buena administración y buen gobierno, al que se define como aquel que busca e incentiva la participación ciudadana en la definición de normas, planes, programas y servicios públicos.
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