Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT se han manifestado este jueves frente a la Dirección General de Función Pública en protesta por la decisión del Gobierno regional de limitar las oportunidades de promoción profesional para los empleados públicos. Esta medida impide que los funcionarios puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración.
Victoria Ortiz, representante de CSIF, ha expresado su enérgico rechazo a la modificación que el PSOE planea introducir en la Ley de Empleo Público mediante enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que se votará hoy en las Cortes regionales. Según Ortiz, este cambio representa un “recorte” a un derecho previamente reconocido que permitía a los funcionarios con una plaza inferior optar a puestos superiores mediante un concurso oposición.
Consecuencias para la carrera profesional
Ortiz ha advertido que esta restricción afectará negativamente a la promoción profesional del personal funcionario, independientemente de sus titulaciones. En una línea similar, Gustavo Fabra del STAS ha criticado al Gobierno regional por intentar implementar este recorte a través de una ley ómnibus sin consultar con los sindicatos. Fabra ha señalado que el mensaje es claro: “Page recorta, Page privatiza y Page no atiende a la negociación colectiva”.
Los sindicatos han instado al PSOE a retirar dicha enmienda y convocar urgentemente una mesa de negociación para abordar la carrera profesional del personal funcionario, similar a lo que ya existe para el personal del Sescam.
Desarrollo estancado desde 2011
Juan Bautista González, representante de Comisiones Obreras, ha recordado que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha fue negociada con anterioridad con los sindicatos, pero desde entonces ha sido ignorada en cuanto al desarrollo necesario para mejorar las condiciones laborales. González ha subrayado que hay escalas obsoletas y otros aspectos relacionados con la carrera profesional que siguen sin ser atendidos tras más de 15 años.
Por su parte, Rocío Jiménez de UGT Toledo ha enfatizado que esta modificación no solo perjudica a los funcionarios, sino también a todos los empleados públicos en diversas categorías dentro de la Administración local. Según ella, esta situación limita el derecho a una carrera profesional que sí se reconoce en otras comunidades autónomas.
Pérdida de experiencia y profesionalidad
Los sindicatos cuestionan la utilidad económica de esta enmienda, argumentando que no ahorra recursos ya que no hay diferencia entre contratar a un funcionario o a alguien menos cualificado. Además, advierten sobre la pérdida de experiencia acumulada por el personal administrativo debido a la rotación constante y el ingreso frecuente de nuevos empleados.
Victoria Ortiz ha afirmado que esta situación obstaculiza el avance profesional y ha anticipado que la enmienda será aprobada sin ningún tipo de negociación. “Esto no es un progreso; es un retroceso puro y duro”, concluyó.
Protestas y demandas sindicales
En respuesta a estas decisiones, los sindicatos abandonaron la Mesa Sectorial del personal funcionario como forma de protesta. Consideran que el objetivo del Gobierno es reducir el número de interinos y minimizar la rotación laboral, aunque esto podría resultar en una disminución generalizada de eficacia dentro del servicio público.
Fabra ha destacado que se está sacrificando la profesionalidad en favor de una administración más dócil y menos controlada por las decisiones políticas. Aboga por establecer una carrera profesional objetiva donde los méritos sean fundamentales para avanzar dentro del sistema administrativo.
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