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Imagen de la operación Kuga, del año 2015.
Imagen de la operación Kuga, del año 2015.

La Audiencia de Albacete juzga a 13 personas responsables de 89 delitos de robo

domingo 16 de febrero de 2020, 12:13h

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará a 13 personas de nacionalidad rumana a las que se acusa de conformar un grupo criminal implicado en 89 delitos contra el patrimonio.

Robos la mayoría que cometieron en estaciones de servicio, naves industriales y establecimientos hosteleros entre septiembre de 2013 y enero de 2015, y los dos considerados jefes de la red se enfrenta a ocho años y medio de prisión.

El juicio se ha programado para el 19 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia, y los acusados atesoran “un amplio historial de detenciones y experiencia”, dice el escrito de la Fiscalía Provincial de Albacete difundido por el Tribunal Superior de Justicia. El proceso parte de una actuación de la Guardia Civil bautizada como Operación Kugan.

La acusación dice que los procesados formaban “una organización criminal constituida para el crimen, que actuaba de manera concertada para cometer los distintos delitos patrimoniales”.

El primer delito que se les atribuye fue el 11 de septiembre de 2013 en una gasolinera de Cartaya (Huelva), y el último un robo en un estanco de Raiguero de Levante (Alicante), el 28 de enero de 2015.

La Fiscalía atribuye a los 13 procesados 89 delitos contra el patrimonio, en concreto “59 delitos de robo con fuerza en las cosas consumados”, 11 delitos de intento de robo con fuerza, 12 robos de vehículos, y otros siete intentados.

Usaban un modus operandi específico, dice la Fiscalía, que señala que primero “observaban y vigilaban los objetivos a robar, para después sustraer los vehículos de motor que usarían para perpetrar los robos.

Actuaban los ladrones “siempre amparados por la noche, vistiendo ropas que dificultaran u ocultaran su identificación”, y mientras algunos ejercían funciones de vigilancia, “otros procedían a inutilizar el alumbrado y los sistemas de alarma”, y a forzar la entrada.

Se llevaban “cuantos objetos de valor encontrasen, y muy especialmente las máquinas tragaperras y las expendedoras de tabaco”, que las forzaban luego en descampados.

La acusación pública hace constar que los acusados “se comunicaban fundamentalmente en persona para evitar ser detectados, y a través de teléfonos móviles, hablando en clave y cambiando de número con regularidad”, pero los repetidores de telefonía móvil revelaron que se encontraban en las inmediaciones de los lugares donde se cometieron los delitos.

Las peticiones de cárcel más elevadas son para los acusados M.N.G. y T.V.M., “jefes” de la organización según el fiscal, para quienes pide el fiscal ocho años y medio de cárcel, mientras que otros tres se enfrentan a dos años de cárcel, y el resto a cuatro años y medio de prisión.

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