La instalación de estas cámaras tiene como finalidad controlar la comisión de hechos delictivos, actos vandálicos, control en edificios públicos y asegurar la protección general de la ciudadanía, mediante la videovigilancia de los accesos al casco urbano de los municipios.
En concreto, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado favorablemente la instalación de las cámaras al considerar que las razones en que se funda la petición de los distintos ayuntamientos motiva suficientemente la autorización, cumpliéndose los requisitos de los artículos tres y cuatro de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
Estas autorizaciones tienen vigencia por un año y, cumplido dicho plazo, los ayuntamientos deben solicitar su renovación.
En todos los casos la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete y Cuerpo Nacional de Policía, en el caso de Hellín, ha informado sobre estas solicitudes a la Comisión de Garantías de Videovigilancia sin observar ningún inconveniente al otorgamiento de la autorización de instalación de videocámaras, al no afectar a la intimidad de las personas.
Asesoramiento
En este sentido el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, ha reiterado el ofrecimiento de la Guardia Civil para labores de asesoramiento sobre ubicación y características de las cámaras a aquellos ayuntamientos que las requieran, subrayando que este tipo de equipos son muy importantes tanto a nivel preventivo, como para la investigación de cara al esclarecimiento de delitos.
En la actualidad en la provincia de Albacete un total de 20 municipios cuentan con estos sistemas de videovigilancia.
Hay que recordar que el visionado de estas grabaciones se realiza únicamente por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, atendiendo a la legislación vigente, y sólo en el caso de que se produzca algún hecho delictivo. Además todas las autorizaciones son trasladadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en su calidad de presidente de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia.
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