Para cobrar el importe de las extorsiones, la organización había dispuesto cuentas corrientes a nombre de "muleros" para tratar de eludir las pesquisas policiales, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.
Las víctimas contactaban telefónicamente con las mujeres que ofrecían sus servicios, momento en el que la organización se apropiaba del número de contacto para comenzar con la extorsión. Días más tarde, haciéndose pasar por el proxeneta, reclamaban una cantidad de dinero alegando "haber hecho perder el tiempo", ya que les hacían creer que debían "subsanar las molestias generadas a las chicas", ya que los usuarios relacionaban otros encuentros sexuales que tenían con otras mujeres con los chantajes recibidos por la organización.
Las personas que accedían a la extorsión realizaban el pago a través de transferencias bancarias, aplicaciones de pago instantáneo o ingresos inmediatos en cajeros. Las cuentas estaban a nombre de "muleros" --personas titulares de dichas cuentas pero que no son las usuarias--, ya que quien maneja las cuentas es la organización a cambio de dinero a esos titulares.
De esta manera, los miembros de la organización tenían acceso de forma instantánea al dinero recaudado por los chantajes que, según los investigadores, podría ascender a más de 200.000 euros.
Después de que las víctimas realizaran el primer ingreso, la organización criminal continuaba coaccionandolas e intimidándolas, e incluso les amenazaban con que, de no acceder a nuevos pagos, "podría peligrar su vida o la de seres queridos".
Una vez identificados y localizados los presuntos integrantes de la red criminal, se realizaron cuatro entradas y registros en sus diferentes domicilios, situados en Valencia y Alicante, donde los agentes intervinieron material informático, numerosos teléfonos móviles, y un arma corta de fuego con más de 141 cartuchos, preparada para disparar.
Los hechos han sido denunciados en diferentes provincias de España --en concreto en las provincias de Salamanca, Ciudad Real, Valencia, Albacete, Alicante, Baleares y Madrid, como han confirmado a Europa Press fuentes policiales--, y se han identificado, hasta el momento, un total de 12 víctimas repartidas en varias provincias. A los seis detenidos se les considera presuntos responsables de delitos de extorsión, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.