La investigación se inició tras recibir varias denuncias en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, en ellas las víctimas relataban haber sido amenazados telefónicamente por personas que se hacían pasar por peligrosos componentes de mafias de países del este, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Estos los amenazaban con palizas tanto a las víctimas como a sus familiares si no abonaban una serie de cantidades económicas en las cuentas bancarias que los delincuentes facilitaban y creaban con anterioridad para tales fines. Estas cantidades eran exigidas supuestamente por no haber abonado los servicios de prostitución que las víctimas habían solicitado en diferentes portales de Internet.
Para poder contactar con las víctimas existía una parte del grupo criminal dedicado a la ingeniería social, que eran los encargados de insertar anuncios de chicas ofertando servicios de carácter sexual. Cuando las víctimas se ponían en contacto con ellas mediante mensajería instantánea, obtenían sus datos de contacto, lugar de residencia y otros datos personales para posteriormente amenazarles.
Posteriormente contactaban a las víctimas por teléfono para amenazarlas, por lo que ante el miedo de que les causaran daño a ellos o a personas de su entorno, les ingresaban el dinero. Ese dinero con posterioridad, era retirado en cajeros automáticos de diferentes provincias, entre ellas Badajoz, Murcia Valencia u Ourense, sirviéndose para ello de las denominadas 'mulas económicas'.
Los autores de las amenazas utilizaban para llamar por teléfono a las víctimas números de prepago, que previamente habían sido adquiridos a nombres de terceras personas que nada tenían que ver con la investigación, a las cuales previamente se les había usurpado la identidad.
La operación se ha saldado con seis detenidos, cuatro de ellos en el transcurso de la investigación en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), estos se habían trasladado desde la provincia de Valencia para efectuar un segundo cobro en efectivo de una de las víctimas, que había depositado 7.000 euros en un buzón de una calle en concreto, habiendo entregado ya en días previos otro pago de 5.000 euros del mismo modo.
A través de diferentes gestiones se consigue identificar a 15 personas más dentro de la organización, afincadas en Ourense, Valencia, Madrid, Toledo y Badajoz a las cuales se les atribuye su presunta participación en varios delitos de estafa bancaria continuados a través de Internet, coacciones, extorsión y amenazas graves, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
Los presuntos autores ya contaban con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos similares realizados anteriormente. Las cantidades estafadas en las numerosas denuncias que han podido esclarecerse judicialmente ascienden a un total de más de 50.000 euros, logrando recuperar más de 9.000 euros.
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