Castilla-La Mancha reafirma su voluntad de acoger menores migrantes, pero se opone al modelo 'low cost' del Gobierno español, argumentando que compromete la calidad del sistema de protección. La consejera García Torijano defiende un modelo de atención personalizado y denuncia la falta de recursos adecuados para esta situación.
La voluntad de Castilla-La Mancha de colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados que llegan desde Canarias y Ceuta ha sido reafirmada, aunque se ha opuesto de manera contundente al modelo ‘low cost’ propuesto por el Gobierno de España. Esta oposición se basa en la preocupación de que dicho modelo compromete la calidad del sistema de protección en la región y no asegura los cuidados necesarios para estos niños y niñas.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha manifestado su descontento al salir del Ministerio de Juventud e Infancia, después de que se confirmara la imposibilidad de llevar a cabo la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia debido a la falta del quórum necesario, ya que las comunidades gobernadas por el Partido Popular no asistieron. “Es lamentable que no se haya podido celebrar una Conferencia clave para afrontar una situación de emergencia como ésta, que exige coordinación, diálogo y recursos”, ha afirmado.
A pesar de la suspensión de la sesión formal, los próximos pasos del Gobierno han sido comunicados por la ministra a las comunidades: la aprobación del Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros programado para el 26 de agosto y su aplicación inmediata. En este marco, García Torijano ha enfatizado la posición de Castilla-La Mancha, que ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto “por no haber sido consensuado con las comunidades”.
Un recorte cercano al 80 por ciento y la fijación de plazas a 35 euros son condiciones que se consideran “inviables”.
De acuerdo con los documentos proporcionados por el Ministerio, se asignarían 320 menores a Castilla-La Mancha, con una financiación total que supera ligeramente los cuatro millones de euros. García Torijano ha indicado que esto significa un coste por plaza y día de 35,75 euros, lo cual es considerablemente inferior al modelo anterior de contingencias, que se financiaba a un precio de 145 euros por plaza y día, como él mismo recuerda.
La consejera ha denunciado que “no se puede hacer política de infancia al mínimo coste”, subrayando que una rebaja del 80 por ciento hace imposible abrir nuevos recursos y brindar la atención adecuada a estos menores.
Atender y acoger a casi 4.000 menores que desean ser trasladados desde Canarias y Ceuta implica un costo aproximado de 250 millones de euros. La ministra y el secretario de Estado han reconocido hoy que efectivamente han solicitado esta cantidad a la ministra de Hacienda y, en consecuencia, al Gobierno de España. Sin embargo, solo se han conseguido 100 millones de euros, lo que significa que debemos enfrentar esta situación con esa cantidad limitada. En Castilla-La Mancha consideramos que no es posible abordar un asunto tan delicado como el de los menores con una solución 'low cost'.
Solidaridad, sí, pero siempre con garantías.
La posición de solidaridad y la voluntad de ayudar que caracteriza a Castilla-La Mancha ha sido resaltada por García Torijano, quien afirmó: “pero no a costa de tensionar un sistema de protección que ya tiene el 98 por ciento de sus 560 plazas ocupadas”. Además, la región recuerda que en febrero presentó una propuesta bien estructurada para colaborar en la acogida de menores, la cual no ha recibido respuesta del Ministerio.
Se ha señalado que existe una desigualdad en la atención a los menores migrantes, ya que aquellos que son gestionados por asilo reciben más financiación en comparación con los que son derivados a las comunidades autónomas. “Todos los niños son iguales y necesitan los mismos cuidados”, advirtió.
Defensa del modelo de Castilla-La Mancha. Reescrito: La defensa del modelo de Castilla-La Mancha se lleva a cabo.
El modelo de atención a la infancia que prioriza una atención personalizada y de calidad ha sido reafirmado nuevamente por la región, el cual se basa en pequeñas unidades de convivencia con un máximo de 10 plazas, evitando grandes centros de acogida. Esta propuesta está alineada con las recomendaciones internacionales y el nuevo enfoque de cuidados impulsado por el Gobierno de España.
"La consejera ha señalado que, aunque este modelo requiere una inversión mayor, también ofrece más dignidad, mejores garantías y resultados superiores. Por eso lo defendemos y no vamos a renunciar a él."
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