Renfe impugna ante la Audiencia Nacional la obligación de abrir sus talleres a Iryo

Renfe ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que obliga al operador ferroviario español a abrir sus talleres para el mantenimiento de los trenes utilizados por competidores como Iryo, controlado por la empresa estatal italiana Trenitalia.

En un comunicado oficial, Renfe califica de “absolutamente arbitrario” el criterio adoptado por la CNMC y subraya que las obligaciones impuestas van más allá de lo solicitado por Iryo. La empresa pública argumenta que se le exige reparar los trenes de su competidor extranjero, lo que representa una carga adicional.

Impacto en la operativa y el servicio público

La compañía expresa su respeto hacia las medidas del regulador, pero advierte que estas no deben transgredir el marco legal vigente. Renfe sostiene que esta situación podría generar “problemas operativos graves” y afectar significativamente el servicio público, ya que limitará su capacidad para mantener su propio material rodante. Esto obligaría a retirar trenes de Renfe para dar paso a los de otros operadores.

Entre las consecuencias previstas, se menciona una reducción en la circulación de trenes y ajustes operativos que impactarían especialmente en rutas clave como la alta velocidad Madrid-Barcelona y el Eje Atlántico. Además, Renfe estima que esto podría acarrear un impacto económico superior a los 60 millones de euros anuales, debido a la disminución de ingresos y desajustes operativos.

Llamado a construir talleres propios

Asimismo, Renfe recuerda que tanto Iryo como Ouigo han tenido tiempo suficiente desde la liberalización del sector en 2021 para establecer sus propios talleres. De hecho, menciona el caso de una filial italiana del propietario de Iryo en Francia, que invirtió 80 millones de euros en sus instalaciones en ese país.

En este contexto, Renfe insta a ambos operadores a llevar sus trenes a sus respectivos países para su mantenimiento, evitando así el uso de instalaciones españolas. Recientemente, Renfe anunció un plan público de 1.000 millones de euros destinado al mantenimiento de su flota.

Carga sobre las instalaciones existentes

La resolución polémica se centra en la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, ubicada en Toledo. Según Renfe, estas instalaciones están “al límite” de su capacidad actual y no pueden asumir trabajos adicionales sin comprometer su operativa. Aunque Iryo solicitó acceso a un foso para realizar mantenimiento en autoprestación, la CNMC rechazó esta petición específica pero impuso otras condiciones más amplias sin negociación previa.

Renfe critica que la CNMC equipara intervenciones basándose únicamente en el tiempo requerido en taller, ignorando aspectos técnicos cruciales. Esto podría perjudicar recursos críticos y afectar directamente la programación del mantenimiento y disponibilidad de trenes.

Finalmente, Renfe asegura que utilizará todos los medios necesarios para evitar lo que considera un "atropello", ya que compromete su operativa diaria y sostenibilidad económica. No obstante, quiere tranquilizar a sus usuarios afirmando que no se prevén afectaciones al servicio en el corto plazo.

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