El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado procesos selectivos para 2.306 puestos en Administración General, destacando un compromiso con la inclusión y la participación. Se reservan plazas para personas con discapacidad y se prevé que las pruebas comiencen entre septiembre y octubre de 2025, con un enfoque en mejorar los servicios públicos.
Se ha dado a conocer por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha el comienzo de los procesos selectivos para ocupar 2.306 puestos, los cuales provienen de las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 2023-2024 en Administración General. Las bases de estas ofertas fueron publicadas en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM) el 18 de diciembre de 2024, destacando un récord en la participación y un firme compromiso con la inclusión.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacó la importancia de iniciar la segunda y crucial fase del proceso selectivo. Acompañado por el director general de Función Pública, José Narváez, mencionó que se prevé que esta fase concluya a lo largo de junio de 2026, momento en el cual quienes hayan superado las etapas de oposición y concurso de méritos tomarán posesión de sus cargos.
El total de plazas se divide en 1.435 para personal funcionario y 871 para personal laboral, según lo explicado por Ruiz Molina. Esta convocatoria, que refleja el compromiso del Ejecutivo de Emiliano García-Page con la inclusión, destina el siete por ciento, lo que equivale a 162 plazas, a personas con discapacidad. De estas, 116 están reservadas para personas con discapacidad general (cinco por ciento) y 46 son para personas con discapacidad intelectual (dos por ciento).
El consejero ha recordado que, tras la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, las últimas convocatorias contarán nuevamente con un proceso selectivo “independiente, con pruebas y temarios adaptados”. Esto se realiza con el objetivo de “adecuar los procesos selectivos a las especiales características que tienen las personas con discapacidad intelectual” y facilitar su acceso a la función pública.
Procesos en los que hay una gran participación.
En este contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha informado que “una alta participación” se ha registrado en estos procesos, con 65.098 personas admitidas tras el cierre del plazo para alegaciones y corrección de errores, cuya publicación tuvo lugar en el DOCM del 14 de mayo. Esta cifra representa un incremento del doce por ciento en comparación con las registradas en procesos ordinarios anteriores.
Las cifras contabilizadas indican que el consejero ha señalado un aumento en el porcentaje de mujeres entre los aspirantes, con un total de 44.411, lo que representa “prácticamente el 68 por ciento de las personas que aspiran a hacerse con una plaza de empleo público en la Administración regional, son mujeres”, en comparación con los 20.687 hombres. Además, ha añadido que el 94 por ciento de los solicitantes proviene de Castilla-La Mancha.
En lo que respecta a la inclusión, Ruiz Molina ha indicado que un total de 842 personas han solicitado algún tipo de adaptación para las pruebas selectivas. De estas solicitudes, el 80 por ciento corresponde a la ampliación del tiempo disponible; un 8 por ciento ha pedido un aumento en el tamaño de los caracteres del cuestionario, y un 3,5 por ciento ha requerido la eliminación de barreras físicas. Asimismo, se contará con Técnicos Intérpretes de Lengua de Signos y equipos informáticos adaptados para aquellos con discapacidad visual.
Un número significativo de tribunales.
Juan Alfonso Ruiz Molina, en su alocución, ha destacado que se han formado un total de 76 tribunales debido a la gran cantidad de categorías y especialidades convocadas. Entre los 764 miembros que participan, es importante resaltar nuevamente el elevado porcentaje de mujeres, que representa un 55 por ciento del total.
Según lo explicado por Ruiz Molina, la designación de los tribunales se ha llevado a cabo “como siempre” fundamentándose en los principios de “capacidad, profesionalidad y voluntariedad”. De este modo, se asegura la objetividad y la igualdad durante el proceso selectivo, así como el respeto a la autonomía, transparencia y discrecionalidad técnica de dichos tribunales.
La movilización de cerca de 3.700 personas, que incluye personal de apoyo, vigilancia, asesores, coordinadores provinciales y responsables de centros, pabellones y servicios, ha sido necesaria debido al gran número de categorías y especialidades en estos procesos selectivos, así como al elevado número de admitidos y a la realización de las pruebas en 18 centros distribuidos por las cinco provincias. Como ha señalado el consejero, esto ha requerido un considerable despliegue logístico.
Exámenes: lugares y fechas.
El consejero ha indicado que las fechas específicas y los lugares de los exámenes se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el martes 10 de junio, así como en el Portal del Empleado Público de la Junta. Sin embargo, ha anticipado que las primeras pruebas tendrán lugar entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, comenzando con los procesos relacionados con la discapacidad intelectual. A continuación, se llevarán a cabo las primeras pruebas para los cuerpos Superiores y Técnicos del personal funcionario. Durante las dos primeras semanas de octubre, se realizarán las pruebas iniciales para los Cuerpos Ejecutivos y Auxiliar del personal funcionario, mientras que entre el 11 y el 25 de octubre se llevarán a cabo las evaluaciones para el personal laboral.
La celebración de los lugares tendrá lugar principalmente en Toledo, aunque algunos procesos específicos, como el de auxiliar administrativo y el personal de limpieza y servicios, se llevarán a cabo en otras capitales de provincia.
Optimización de los servicios públicos y mejora en la calidad de vida.
Ruiz Molina ha señalado que, por lo tanto, se da inicio a la fase crucial de este proceso selectivo. Este proceso es el resultado de las continuas ofertas de empleo aprobadas anualmente por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, forma parte del III Plan de Impulso a los Servicios Públicos para el periodo 2024-2027, que contempla la creación total de 12.371 nuevas plazas de ingreso.
La aprobación ha sido alcanzada “agotando todos los límites establecidos por la legislación básica del Estado, es decir lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los que están en vigor”. Esto ha permitido “seguir cumpliendo el compromiso del presidente García-Page de ejecutar el cien por cien de los planes de impulso, desde hace diez años”, con más de 30.000 plazas de empleo público de la Junta ya aprobadas, y se prevé que se superen las 40.000 antes de concluir el año 2027.
Se ha realizado un gran esfuerzo, como ha señalado el consejero, para cumplir con los objetivos de proteger las plantillas frente a posibles recortes. Además, se busca reducir la tasa de interinidad, que actualmente se encuentra “muy por debajo de lo que marca la normativa en Administración General”, estableciendo un cinco por ciento para funcionarios y un 5,44 por ciento para el personal laboral. También se pretende ofrecer oportunidades de promoción interna, facilitar la incorporación de personas con discapacidad en la función pública y brindar posibilidades de empleo a quienes tienen vocación. La verdadera razón detrás de estas ofertas es, según ha concluido, “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la región, mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos, siendo importantísimo que los recursos humanos sean el principal activo con el que se cuenta en la Administración regional para prestar esos servicios”.